El costo de la tozudez

El costo de la tozudez

El pasado domingo 5 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó el Plan de Recuperación Económica donde se supone adelantaría las medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19), en este sentido, las expectativas se reemplazaron rápidamente por decepción, pues la presentación estuvo lejos mostrar los elementos de un plan de reactivación económica, sino que fue más un balance de lo realizado hasta la fecha por la administración pública. En este sentido, líderes empresariales como Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex; Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, refirieron la ausencia de medidas económicas y que se hizo a un lado a los empleadores; en esta misma tónica, el Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEC), opinaron que el programa anunciado por AMLO es insuficiente e inviable para gestionar adecuadamente la crisis en que se encuentra el país. El tema en cuestión es sumamente preocupante, pues el país se encuentra cada vez más cerca de entrar en la fase 3 de la pandemia.

La recomendación general es la aplicación de medidas contracíclicas para paliar los impactos económicos del COVID – 19, estas políticas consisten en estimular la demanda con impulso gubernamental, la política fiscal y el déficit público. En general, las medidas contracíclicas consisten en un gasto gubernamental en infraestructura, generación y mantenimiento de empleos, y con esto mantener la liquidez con el único fin de reactivar la economía, lo que implica que las empresas se mantengan a flote. En este aspecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), recomendó a México el uso de medidas contracíclicas y de política fiscal, como prórrogas de impuestos, apoyo a las empresas y programas especiales de empleo; asimismo, el organismo mencionó que el país tiene acceso a líneas de crédito especiales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de que necesite aumentar sus recursos disponibles. Por otro lado, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), también sugiere la aplicación de políticas contracíclicas de corto plazo, con el fin de preservar los empleos y las estructuras productivas del país, esto en convergencia con las medidas adoptadas en otros países con la idea de que una liquidez suficiente puede ser de suma utilidad para paliar la crisis, en este sentido, cabe mencionar que algunas de las medidas fiscales rebasan el 10 por ciento de su PIB anual y han considerado como emergencia nacional la necesidad de intervenir.

No obstante, a pesar del amplio consenso que existe en torno a las políticas contracíclicas, éstas son rechazadas categóricamente por el mandatario, principalmente debido a su ideología, al considerar que son de corte neoliberal y que solo aumentan la desigualdad. En este sentido, cabe mencionar que el Plan de Recuperación Económica está lejos de ser una alternativa viable para paliar los impactos económicos de la epidemia, pues según información del CIEP no es posible calcular el impacto de la estrategia al no contar con recursos y medidas concretas que permitan sopesar la contracción de la economía mexicana. Más allá de lo mismo en materia de programas sociales, la inversión en Pemex y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, únicamente figuran como elementos nuevos la contratación adicional de médicos, créditos personales del ISSSTE, de INFONAVIT y FOVISSSTE, devolución expedita del IVA y un incremento de 25 mil millones de pesos (MDP) en recursos para infraestructura. Sin embargo, cabe mencionar que una estrategia de recuperación económica debe considerar entre sus componentes a la inversión pública, apoyos sociales y estímulos fiscales, es este último elemento el que se omite en la propuesta de AMLO, con lo que se está excluyendo a un sector importante, aumentando el riesgo de que las empresas lleguen a la quiebra o bien despidan a sus trabajadores. Esto justifica el reclamo del CCEC, quienes denuncian poca inclusión en las medidas de reactivación económica del gobierno federal, lo cual pone en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 52 por ciento del PIB Nacional y aportan el 72 por ciento de los empleos formales.

Las proyecciones en la caída de la economía divergen, no obstante se estima que sea entre un -2 y un -7 por ciento, asimismo, los recursos que el gobierno puede gastar en medidas de recuperación económica son de un aproximado del 2.2 por ciento del PIB, una proporción minúscula a comparación de las intervenciones en los países desarrollados. Ante esta coyuntura el gobierno no tiene alternativa más que implementar medidas complementarias, a partir de la política fiscal, que den un poco de certidumbre al sector empresarial sobre todo en para conservar empleos; asimismo, el gobierno federal tendrá que hacer lo posible por ampliar sus fuentes de recursos, por ejemplo, una opción es suspender de forma temporal los megaproyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec, con lo que se podrían redireccionar de inmediato 43 mil 197 mdp, equivalentes al 0.16 por ciento del PIB.

No obstante, para que esto ocurra habría de superarse una gran barrera: la visión política del presidente López Obrador. En este aspecto, hay mucha razón en aquellas opiniones que denotan la falta de empatía y lejanía con la realidad de AMLO, en tanto el mandatario siga creyendo cosas como que dar apoyos fiscales es apoyar a los ricos y que Pemex y la refinación de petróleo es un gran negocio, México no saldrá bien librado de esta aguda recesión económica.

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