¿De quién es responsabilidad la pandemia? Pues evidentemente de nadie en particular. Una emergencia sanitaria como esta se comporta como un evento extremo climático. ¿Quién es responsable de las sequias o las inundaciones? Pues igual: el destino anónimo. Sin embargo, hay víctimas y desahuciados de esos eventos: grupos enteros de personas pasan a estar por debajo de la línea de la pobreza a causa de las sequia o del coronavirus. Todos los trabajadores informales que dependen del turismo, después de un mes de falta de actividad económica, pasan a ser parte de las estadísticas de pobres alimentarios. Familias sin capacidad de ahorro y que viven por semana, no pueden soportar cuatro semanas continuas sin ingresos. A eso se le llama ‘evento catastrófico’. Y no sólo ellos son los perjudicados, la economía en su conjunto se ve afectada porque la situación donde un sector amplio de la población pierde la capacidad de compra, la demanda cae y la economía en su conjunto se estanca. En suma: en la pirinola aparece “todos pierden”.
La pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado ante este tipo de situaciones? Pues actuar en consecuencia: la riqueza que produce el país en un año es efecto de la acción social de todos, no sólo de los dueños del capital. La riqueza es un producto social total. Y el Estado tiene el poder para establecer criterios de redistribución de dicha riqueza porque representa la voluntad general. Slim es el dueño privado del capital que posee (reconocimiento jurídico), pero la realidad económica dice que los sujetos que crearon esa riqueza no fue el señor Slim, sino los cientos de trabajadores que trabajan para él. Ante la contradicción del reconocimiento jurídico de la propiedad del capital, respecto a la realidad económica del sujeto colectivo que produce dicha riqueza, el Estado debe actuar (en caso de emergencias sociales) a favor de la realidad. Por tanto, establecer criterios de redistribución de la riqueza para el beneficio de la igualdad y el soporte material de las capas más vulnerables del país.
En suma, si un día el presidente dijo “por el bien de todos, primero los pobres” debe aplicarlo en criterios hacendarios y presupuestarios concretos; por encima de los funcionarios neoliberales que tiene en su gabinete. Es momento de generar políticas decisivas en el tema de redistribución para proteger los derechos a la alimentación, vivienda y salud de la población más vulnerable, y además proteger al conjunto de la economía asegurando un mínimo de capacidad de compra que sostenga la demanda agregada de México. Una de las formas de asegurar esto, es implementando en este país una de las variables de la renta básica universal, lo cual no es posible sin una reforma hacendaria a fondo. La crisis es, bajo esta óptica, una oportunidad para enfilar a México por el camino de la verdadera izquierda democrática y justa; más allá de declaraciones o decretos: en la concreción de la acción. Si la justicia no está en la acción no está en la realidad.
