La conducción de la política económica es un asunto que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no termina por convencer a los dueños del capital y a una buena parte de la ciudadanía, al existir más incertidumbre que claridad sobre el rumbo de la economía. Si bien es cierto que el primer año de cada sexenio la economía desacelera por factores como la adaptación de los nuevos funcionarios y a los lineamientos de política económica, el desempeño del año pasado fue deficiente. De acuerdo con El País, México es la segunda economía de América Latina, empero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que en 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 0.1 por ciento, con relación a esto las cifras indican que la economía se paralizó al entrar en recesión durante los primeros seis meses del año pasado, dando el peor resultado visto en una década. Si bien parece que el gobierno federal está tomando cartas en el asunto con la creación del gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico, a cargo de Alfonso Romo, persisten elementos que merman la confianza del inversionistas y empresarios en esta materia. Esto se ve reflejado en los recortes a las expectativas de crecimiento, por ejemplo, de la agencia calificadora Moody´s y el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes ajustaron la cifra de un 1.3 a 1.0 por ciento para 2020, mientras que el Banco Mundial la cambió de un 2.0 a 1.2 por ciento; lo que da una idea sobre el nivel de incertidumbre existente.
Un factor relevante que aumenta las inquietudes ha sido la actitud hasta cierto punto indolente e indiferente del presidente en sus declaraciones, y caracterizada por su poca prudencia al no considerar que sus palabras tienen consecuencias. En materia económica, AMLO minimizó las estadísticas del INEGI y desestimó la importancia del crecimiento económico con su fórmula favorita, la cual consiste en culpar al modelo neoliberal y contar con otros datos, en este sentido argumentó que aunque no hay crecimiento, existen mejoras en cuanto a desarrollo y bienestar, sin precisar de qué tipo y su medición. Otro caso destacado en materia económica es su propuesta de iniciativa de suprimir los fines de semana largos para fortalecer la memoria histórica y el civismo, al regresar los días festivos a las fechas oficiales, pues lamenta que solo se hable de “puentes vacacionales” sin conocer los motivos. En este sentido, la posibilidad de que se envíe y apruebe esta iniciativa no ha sido bien recibido por los empresarios del sector turístico, pues la cancelación de los fines de semana largos tendría consecuencias negativas en el PIB turístico y en las economías de los destinos que reciben vacacionistas. Cabe mencionar que no es la primera vez que el presidente ignora las inquietudes del sector turístico, basta con recordar que el año pasado ante la presencia de sargazo en las costas del mar Caribe mexicano, AMLO consideró que no era un problema “gravísimo” y que este se magnificó para afectar a su gobierno; no obstante, de acuerdo con datos publicados por el Diario de Yucatán, el sector hotelero de esa zona tuvo pérdidas debido a la baja ocupación hotelera lo que ocasionó que entre enero y mayo de 2019 se estimaran pérdidas por 12 millones de dólares en la Riviera Maya. En el caso de que se llegaran a cancelar los fines de semana largos. Es importante considerar que el turismo genera 9 de cada 100 pesos del PIB, cifra que denota su importancia, en este aspecto la cancelación de los “puentes” tendría un impacto negativo en su crecimiento; según el estudio titulado “Cancelar los fines de semana largos: ¿alternativa para fomentar la memoria?”, elaborado por Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac y la Unión de Secretarías de Turismo (ASETUR), estima que de cancelarse los fines de semana largos se incurriría en pérdidas por 21 mil 512 millones de pesos. Las alteraciones se extenderían también en materia de empleo, al ser el primer el sector turístico el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres; por otro lado, hay que considerar los efectos en la economía de las familias al ser el micro y pequeñas empresas el 95 por ciento de las empresas que participan en las actividades del sector.
Las autoridades han afirmado que los fines de semana largos se reprogramaran en otras fechas; no obstante, de aprobarse la iniciativa sin cambios no se garantiza que se mejore la memoria histórica y pero existen altas probabilidades de que se den afectaciones severas en el turismo y a la economía de muchas familias mexicanas. Lanzar estas declaraciones no genera en absoluto confianza y certidumbre sobre el rumbo de la economía, por lo que no es admisible exponer estos argumentos sin antes conocer su alcance, esto equivale jugar con las expectativas de los empresarios y la ciudadanía, que seguramente ya tienen suficiente de que preocuparse.
