■ Líder gremial lamentó la postura del Rector respecto a la prórroga del emplazamiento
■ “La gente está muy molesta, pero de un total de mil 600 que aproximadamente acudirán a votar, requerimos de 850 o 900 votos por el sí para ir a la huelga”: Pedro Martínez
■ Habrá que esperar los términos en que se suscriba el nuevo convenio de pago con el ISSSTE, afirma
Durante la tercera asamblea general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), previa al plebiscito que se realiza este miércoles, el Comité Ejecutivo y profesores asistentes exhortaron a votar a favor de la huelga, ante la negativa de la Rectoría y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para postergar el emplazamiento.
Pedro Martínez Arteaga, secretario general de ese gremio, manifestó que este miércoles, como resultado del plebiscito, “es correcto hablar de una huelga política, una huelga de la dignidad”.
Lamentó la postura del Rector respecto a la prórroga del emplazamiento, sobre todo porque él mismo fue secretario general del sindicato, y ello le hubiese permitido una mejor negociación con el ISSSTE para definir un nuevo convenio de pago del adeudo histórico.
“La gente está muy molesta, pero de un total de mil 600 que aproximadamente acudirán a votar, requerimos de 850 o 900 votos por el sí para ir a la huelga. Debe votar el 50 por ciento más uno de la plantilla docente”, agregó.
Comentó que hay un sector de profesores de izquierda que se personifica con Carlos Reveles y Abel García, el cual opera a favor de la huelga, pero hay otros sectores que están en contra, quienes están cercanos a la Rectoría.
Al ser rechazada la solicitud de prorrogar el emplazamiento a huelga, Martínez Arteaga dijo que el sindicato tuvo que organizar la tercera asamblea y la logística para el plebiscito, pero “creo que se equivocó el señor Rector porque esa prórroga le ayudaba para sacar una negociación más conveniente para todos el 28 de febrero”.
Además, habrá que esperar los términos en que se suscriba el nuevo convenio de pago con el ISSSTE, con la expectativa de que “no seamos los trabajadores académicos los paganos de estos convenios. Ya vieron lo que pasó en diciembre, 400 millones y me piden a cambio 12 cláusulas del Contrato Colectivo”.
Refirió que en este proceso de emplazamiento a huelga ya se observan “las fuerzas de la sucesión rectoral y sindical y que vienen muy posicionadas, pero yo digo que vayamos a una huelga por la dignidad, por el trato que nos dio el Rector”.
Durante la asamblea, los asistentes propusieron interponer un amparo o recurrir a otros mecanismos legales contra la negativa de la JLCA para avalar la prórroga del emplazamiento, pero los abogados del Spauaz explicaron que no había tiempo para ello.
Enrique Viramontes Cabrera expuso que “lo que busca el rector, su administración y por supuesto la alianza que impulsa a su candidato a rector, es intervenir mediante control político, amenazas veladas y abierta represión laboral y política en no pocos casos, para evitar una huelga y pasar la página y dedicarse de lleno a la sucesión en la UAZ para perpetuar privilegios, control político y altos ingresos para la casta burocrática”.
Afirmó que la administración central no ha atendido las demandas de que se nulifique la amenaza permanente y sistemática de modificación para recortar y suprimir derechos y prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, que se respete el procedimiento contractual para cargas de trabajo, que se reconozca por escrito al menos el listado de plazas vacantes definitivas, que cese la contratación por honorarios y/o servicios profesionales en materia laboral, y que se firme el convenio de la deuda histórica a los trabajadores afiliados al ISSSTE.
También aseguró que el rechazo a la prórroga no tuvo argumentación legal, pues la Ley Federal del Trabajo reformada otorga a los sindicatos el derecho de solicitar prórroga: “después de emplazado el patrón, a petición del sindicato se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por treinta días. Cuando se trate de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo mayor.
