Para que se cumplan las promesas sociales de los empresarios, anunciadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la semana pasada, se requiere de un empresario nuevo, con principios, con ética que no es el que predomina. La primer promesa habla de “bienes y servicios de calidad a los mejores precios”, lo que exige trabajar con precio justo y bienes de calidad, y lo que predomina son bienes de baja calidad para bajar costos y los venden a altos precios para maximizar ganancia. También en ese punto se habla de garantizar “que todos accedan a la salud, a la educación, al internet..a los productos de primera necesidad”, lo que exige el pago de salarios bien remunerados, situación que no existe en nuestro país y de ahí las grandes desigualdades de ingreso y la miseria y delincuencia que se vive.
La segunda promesa, es “garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores y sus familias”, y se señala que “debemos impulsar mejores salarios… y trabajar en una reforma integral al sistema de pensiones”. Ello se contradice a su permanente rechazo al aumento de los salarios, y a que se erradique el outsourcing. Lo que está detrás de los problemas de pensiones, es la economía informal, los bajos salarios, y el hecho de que las Afores (miembros del CCE), lucran con los fondos de pensiones y no actúan a favor de los cotizantes.
La tercer promesa social es “ser ejemplo de integridad y ética y cumplir todas nuestras obligaciones fiscales y contributivas… a fin de asegurarle recursos suficientes al Estado mexicano para proveer los servicios a los que está obligado”. El problema es que la práctica predominante ha sido la elusión y evasión tributaria, que ha llevado a que México tenga la más baja recaduación tributaria de América Latina y Centro América, que ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía e incrementado la participación de la cúpula empresarial.
La carta promesa es “modernizar la cultura empresarial, para tener empresas mejor organizadas y más competitivas, de todos los tamaños, acorde a las tendencias internacionales”. Tal planteamiento es tardío, pues resalta la baja competitividad que ha llevado a las empresas nacionales a ser desplazadas por las importaciones y de ahí el bajo valor agregado nacional en la producción nacional y en las exportaciones.
La quinta promesa es “establecer un compromiso de las grandes empresas con las Mipymes y con la creación de cadenas productivas; pagar en tiempo y forma a proveedores, transferir tecnología y conocimiento”. Para que se de la creación de cadenas productivas, se requiere de política industrial que no existe, así como la revisión de la apertura comercial que ha atentado sobre ello. El pago a tiempo exige a su vez que no haya subejercicio del presupuesto federal y se incremente el gasto público, para que haya la demanda y liquidez necesaria para la sobrevivencia y desarrollo de las Pymes.
La sexta promesa es “demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos”. Tal posición, está hablando del hombre nuevo que no existe y para conseguirlo se requiere de niveles de cultura y educación para privilegiar tales valores y no el de la ganancia, que es lo que los mueve.
La septima promesa es “forjemos empresas que condenen y prohiban cualquier tipo de violencia y abusos entre su personal (…) Que sean incluyentes de todas las personas, independientemente de su credo, sexo, orientación sexual, origen o etnia”. Cabe el mismo comentario anterior.
La octava promesa es “privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales”. El problema es que la búsqueda de la maximización de la ganancia, los ha llevado a sacrificar los derechos laborales y el medio ambiente, por lo que se requiere de otra cultura, que no se consigue con buenos deseos.
La novena promesa es “debemos transferir tecnología y conocimiento de las empresas grandes hacia las pequeñas y medianas (…) Abracemos la tecnología como un eje imprescindible para el desarrollo exitoso de México y de los mexicanos”. Hay que señalar que las empresas transnacionales son las que monopolizan la tecnología, por lo que primero hay que exigir que éstas transfieran tecnología a las empresas nacionales y así favorecer la competitividad y crecimiento de éstas. El desarrollo tecnológico debe a su vez ser impulsado por el gobierno federal, incrementando el gasto en ciencia y tecnología y no seguir con los recortes presupuestales que atentan sobre ello.
En relación a la décima promesa social que es “impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones, y así incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del País”, el CCE bien sabe que las inversiones dependen de que el mercado crezca, para lo cual el gobierno debe expandir el gasto público, por lo que deben oponerse a la austeridad fiscal.
