Sabemos que los sistemas de pensiones en el país están en crisis. Los regímenes neoliberales decidieron sacudirle la responsabilidad al Estado para garantizar la seguridad social de las personas postempleo. El sistema que tuvimos por varias décadas fue el llamado ‘solidario’, donde la generación más nueva hacia posible el retiro de la generación que le precedió, pero con la aportación que estos últimos habían estado haciendo durante su vida laboral (en trabajos formales). El neoliberalismo decidió individualizar la responsabilidad de contar con un fondo para el retiro y privatizar el manejo de las bolsas de dichos fondos. Pero llegamos a la primera generación de jubilados por el método de ‘cuentas individuales’ y pasó justo lo que se había anunciado: retiros con el 30 por ciento del último ingreso en activo. Una calamidad. Así las cosas, se recomendó duplicar o triplicar el aporte de cada trabajador y aumentar los años de aportación, lo cual implica jubilarse muy cerca del techo de edad. Con la observación, de que la fuerza laboral que está en la informalidad (60 por ciento) está fuera de todo esquema de seguridad social. En suma, regresamos a la oscuridad.
En el caso de Zacatecas, los trabajadores que dependían de Gobierno estatal forjaron un fondo que ahora está en números rojos y se cae a pedazos. Y la planeación está ausente: en la última revisión actuarial, se recomendó duplicar la aportación para sostener la continuidad de las pensiones y ahora vuelve a estallar. Además de las profundas diferencias de montos de pensión al interior de estas: hay quien recibe más de 80 mil al mes y quien alcanza apenas 6 mil. El manejo del fondo de las jubilaciones ha sido administrado con enorme irresponsabilidad y con fundadas sospechas de corrupción a lo largo de varios gobiernos (especialmente de MAR), pero no hay nadie consignado por eso. Todos nadan en la tablita de la inocencia. Y lo peor: no hay anunciada ninguna estrategia creíble para asegurar el futuro de los trabajadores del estado. Todas las medidas que se escuchan son tonterías: recortar las prestaciones o vender los centros de inversión. Esto último, equivale a afirmar que para pagar a los empleados de una tienda de huevos, van a vender las gallinas. Siguen pensando como contadores en un problema que implica necesariamente pensar como economistas. De inicio, no se ha definido correctamente el problema: si el problema es de inequidad interna en la distribución del fondo y de insuficiente capitalización, entonces las medidas que deben tomarse no son ni vender nada, ni recortar a todos por igual las prestaciones. Las preguntas que deben hacerse son, ¿cómo lograr la equidad en la distribución y cómo aumentar la capitalización? Sin embargo, no se parte de un piso de confianza de los números que ofrece el oficialismo, por eso los trabajadores movilizados con el apoyo de una movida diputada, han solicitado auditoria externa confiable. Hay mucho por hacer, y desde la Secretaría de Gobierno del estado a los responsables del manejo del fondo, están pateando el bote que les permita irse y le toque al próximo gobierno enfrenar la debacle de esta crisis. Una calamidad. Y como efecto, los pensionados del estado están en la intemperie.
