Ahora mismo hay propuestas de reforma al Poder Judicial, las cuales han recibido severas críticas por ser una regresión en términos de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos. Sin embargo, no podemos emitir juicios hasta saber en firme cómo se integrarán formalmente las iniciativas. Por ello, a la fecha siguen marcando el horizonte de la ruta de mejora del poder judicial la reforma de 2008 y la del 2011: la primera respecto de la modificación del esquema procesal y el segundo de los criterios esenciales en torno a la prioridad de los derechos humanos. La reforma procesal prometía generar esquemas de eficiencia respecto al tiempo en la satisfacción de casos, es decir, desahogar la saturación y acumulación de sentencias a través de métodos orales y, además, de la construcción de un sistema alternativo que resuelve conflictos sin llegar a los tribunales. La reforma del 2011 da un lugar esencial a los derechos humanos en los criterios para juzgar.
La elección de los dos nuevos magistrados en nada cambiará la realidad del poder judicial, ni siquiera en sus capacidades institucionales que les permita disminuir las cifras negras que ahoga la justica en este país. Pero la elección de los nuevos magistrados ofrece la oportunidad de pensar en los retos que tiene la administración de la justicia y que “después de 12 años de la reforma” persisten. Es una pesada losa saber que los retos de la administración de la justicia, después de más de una década de haber realizado las reformas, siguen siendo las mismas. Retos tanto en resultados o efectos como en la gestión, operación o procesos. Son los mismos. En los retos de gestión estaba aumentar la autonomía respecto al Poder Ejecutivo, pero con los actuales procedimientos de elección sigue siendo una meta eterna; la profesionalización y la prioridad de los perfiles es la misma expectativa porque es actual el ‘compadre mata mérito’.
El saneamiento de privilegios sigue siendo una asignatura. Las presiones sobre el Poder Judicial no han logrado resolver ese lastre. La puja por las medidas que hagan de la administración de la justica no una acción de príncipes o sultanes judiciales, sino de ciudadanos republicanos, continúa. Es uno de los aspectos en los que sí ha insistido el nuevo gobierno. Aunque nos hubiera gustado que además hubiera centrado sus prioridades en la final implementación de la reforma procesal penal que inició en 2008. Pero en este último tema, no vemos ni siquiera interés en concretarla.
La reforma del 2017 amplía las competencias del poder judicial, porque los conflictos laborales pasan a ser objeto de los tribunales del trabajo. Y en este ámbito se inmiscuyen factores no sólo de conocimiento del derecho, sino ideológicos. En suma, estamos ante retos de gestión, de metas que vienen arrastrándose desde hace más de una década y de nuevas competencias que hacen de la función de juzgador algo especialmente complejo. Los magistrados tienen en sus manos la mayor de las virtudes del Estado en su totalidad: la justicia. Por ello, son una perla, pero que se encuentra enterrada.
