Para los constitucionalistas tradicionales, los llamados Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) son una figura atípica y llena de objeciones. Se actualiza en estos tiempos el debate sobre su función, su costo y hasta su existencia. Algunos tienen problemas con este tipo de organismos porque no son representativos, están fuera de los tres poderes que señala la constitución y no forman parte de la Ley orgánica de la administración pública y, en sus palabras y las de muchos ciudadanos, “son ínsulas de poder que no representan a nadie, no responden ante nadie, cuestan mucho y en los hechos no han ayudado a mejorar las condiciones del país”.
Otros tienen una visión distinta y ven la necesidad de contar con órganos que realicen una tarea especial con la mayor objetividad posible, establece la condición de realizar dicha tarea por fuera de los juegos del poder partidario, porque este último sesgaría su acción. Por ejemplo, el Inegi, requiere autonomía de los juegos partidarios para que sus datos sean confiables. Recordamos cuando Fox pretendió manipular los datos para no salir mal librado ante la opinión pública de los resultados de su gobierno y, por ello, quiso eliminar la autonomía de este órgano. O el Coneval cuyo fin es ser objetivo en sus evaluaciones sin depender de la Secretaría de Desarrollo Social. El mismo caso del INE: si el gobierno organizara las elecciones, regresaríamos al régimen autoritario de Partido de Estado anterior a 1977. De cada órgano, como son los tribunales agrarios, el Banco de México, la CNDH, el Ifetel, o la comisión reguladora de energía, o la de competencia económica, y más aún del INAI. Obligar a los gobiernos a dar la información al público, no es algo que quiera hacer el propio gobierno en cuestión. Por todo ello, es claro que los OCA desempeñan tareas esenciales que al poder centralizado no le gusta. Esto no quiere decir que los OCA no tengan problemas y tengan algunas incoherencias, como el caso de la progresiva des-ciudadanización (o re-partidización) del INE; sin embargo, corregir sus ineficacias, no lleva a pensar en su desaparición o su inanición pero si es menester poner sobre la mesa su privilegios, los ofensivos sueldos, la enorme burocracia parasitaria que existe dentro de ellos y los nulos efectivos vincularlos en el bienestar de la población.
En ese contexto, la manutención de los mismos se debe de discutir con altura de miras y en un debate informado. En este punto, los ciudadanos deberemos hacer un discernimiento: en qué momento el financiamiento a los OCA sirve para controlarlo a través de la dotación de privilegios, y en qué momento el presupuesto puede usarse para asfixiarlos.
¿Es necesario tener instituciones nacionales y estatales como el INAI e IZAI; como el INE e IEEZ?
En suma, algunos órganos autónomos son el enclave del interés universal para el Estado pero llegó la hora de que terminen con sus privilegios, sean eficientes y presten un servicio vinculado al bienestar de la población, solo así serán defendidos frente a tentaciones autoritarias.
