■ De 301 investigaciones en curso, 37 se han llevado ante el juez: Salvador Villa Almaraz
■ Puntualiza que la corrupción “tiene un costo tanto en el nivel de vida de las personas, acceso a salud, educación”
■ En Zacatecas, 88.1% de las personas que sufre un acto de corrupción no lo denuncia: Inegi
Desde que se creó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción han sido judicializadas sólo el 12 por ciento de las carpetas de investigación que se han abierto. De las 301 investigaciones que hay en curso, el fiscal especializado, Salvador Villa Almaraz, aseguró que 37 se han llevado ante el juez.
De esta última cifra, sostuvo que ya se han obtenido resultados como sentencias en contra de ex servidores públicos y agregó que se espera obtener más próximamente, aunque lo principal que se busca, indicó, es que se recupere el dinero perdido por los actos de corrupción que se cometieron.
En este sentido, apuntó que la corrupción “tiene un costo tanto en el nivel de vida de las personas, acceso a salud, educación”, y por ello solicitó a la ciudadanía que denuncie cuando sea víctima de algún hecho de este tipo, ya que reconoció que falta cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía.
Al respecto, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó estadísticas a propósito del Día Internacional Contra la Corrupción, conmemorado este lunes 9 de diciembre, en las que se advierte que en Zacatecas el 88.1 por ciento de las personas que sufre un acto de corrupción no lo denuncia.
Villa Almaraz aseguró que “necesitamos reforzar este tema y fiscalía especializada llevará a cabo acciones como una campaña de la cultura de la denuncia (…) con el objeto de que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones que sepa que cuando es víctima de una hecho de corrupción puede acudir a la fiscalía y va a recibir la atención, trámite y puede obtener algún resultado”.
En las carpetas que se están investigando, precisó que el delito más común es el de abuso de autoridad por parte de elementos de corporaciones de seguridad, desde la Dirección de Seguridad hasta las policías de los tres niveles de gobierno. También, como ilícitos más frecuentes, mencionó peculado, cohecho y administración fraudulenta.
