■ Se estipula que 5% de los servidores públicos a nivel estatal y municipal deben ser personas con alguna discapacidad, para promover su inclusión laboral; la proporción no llega al 2%
■ Diputados presentan iniciativa para que se realice un a los tres Poderes, municipios y órganos autónomos para promover la inclusión de este sector poblacional
Aunque la legislación estatal determina que por lo menos el 5 por ciento de los trabajadores de la administración pública estatal y municipal deben ser personas con alguna discapacidad, para promover su inclusión en el ámbito laboral, la proporción actual no llega ni siquiera al 2 por ciento.
En las dependencias centralizadas sólo son 75, lo que representa el 1.08 por ciento; en los organismos públicos descentralizados son 38, es decir, el 1.12 por ciento; en la Auditoría Superior del Estado trabajan tres, siendo el 1.53 por ciento y en el Poder Legislativo son otras tres, lo que supone un 0.98 por ciento.
Estas cifras las dio la diputada Mónica Borrego Estrada quien, junto con María Isabel Trujillo Mesa y Pedro Martínez Flores, integra la comisión legislativa de atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
Los tres legisladores presentaron una iniciativa este martes para que se realice un exhorto tanto al gobernador Alejandro Tello como a los 58 ayuntamientos, órganos autónomos, Poder Judicial y Legislativo, concretamente a las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y Planeación, Patrimonio y Finanzas, para que se realicen las acciones necesarias para promover la inclusión de este sector poblacional, alcanzando el mínimo del 5 por ciento de personas con discapacidad en sus plantillas laborales.
Aunque los diputados que propusieron el punto de acuerdo solicitaron que el asunto fuera votado de urgente y obvia resolución, éste fue enviado a comisiones para su análisis y deberá seguir todo el procedimiento legislativo establecido en el reglamento.
100 millones de irregularidades
Este martes también en la sesión ordinaria de la 63 Legislatura local se leyeron los resultados de las auditorías de gestión financiera que se realizaron en 11 municipios y 5 sistemas operadores de agua potable, así como en la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa).
Estas auditorías fueron realizadas al ejercicio del recurso público de estas instituciones durante 2017 debido a que no presentaron sus cuentas públicas en tiempo y forma, y al listado se añade también la cuenta pública de 2017 de Enrique Estrada.
Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que suponen un probable daño al erario, entre todos estos entes, ascienden a casi 100 millones de pesos; concretamente suman 99 millones 118 mil 184.39 pesos.
Los municipios con montos más elevados de presuntas irregularidades son Villa González Ortega con un probable daño a la hacienda pública de 19.2 millones, Cañitas de Felipe Pescador y Miguel Auza con 14.5 millones cada uno, Noria de Ángeles con 10.7 millones, Susticacán y Melchor Ocampo con 8.2 y 8 millones respectivamente, Nochistlán con 6.5 millones, Villa García con 6.3 millones y Teúl de González Ortega con 3.2 millones de pesos.
Casi una hora de enfrentamiento
En los asuntos generales de la sesión de ayer, una de las intervenciones fue la de la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo, quien habló de los hechos violentos ocurridos en la comunidad de Tlachichila, en el municipio de Nochistlán, donde se reportó este lunes un enfrentamiento entre integrantes de grupos delictivos.
Al respecto, la legisladora sostuvo que “no es posible que estos actos de inseguridad se susciten en la cotidianeidad de nuestras actividades diarias, donde la población de Tlachichila tuvo que estar pecho a tierra alrededor de 45 minutos; minutos de desesperación, angustia e incertidumbre por saber si sus familias se encontraban bien. Los alumnos de planteles educativos asustados. Actos que paralizan totalmente a una comunidad”.
Tras lamentar la situación, hizo un llamado al gobernador Alejandro Tello para que se tomen medidas y se creen protocolos, particularmente, para garantizar la seguridad de las comunidades educativas, tanto de trabajadores y alumnos como de padres de familia.
“Es urgente se implementen las acciones necesarias para poder enfrentar la inseguridad que está poniendo en peligro a nuestra sociedad. La educación y la seguridad son temas prioritarios para nuestro grupo parlamentario; si bien somos trabajadores de la educación, los riesgos a los que hoy nos exponemos son muy diferentes y tienen otra dinámica, nos exige más organización y formación”, concluyó.
