En varias ocasiones lo hemos dicho en este espacio: la militarización de la seguridad es darle poder político a los militares, que puede ser contraproducente. Por años de patrullar las calles, investigar grupos delictivos, conocer actores sociales, controlar policías estatales y municipales, conducen a tener control de territorio. Como es el tema más sensible de la agenda pública, los militares hacen relaciones con las élites políticas. Van adquiriendo la ambición para mandar. Eso ocurre no sólo en los Estados, sino incluso en el propio crimen organizado ocurrió: entraron los militares de élite como trabajadores de fuerza del cártel del Golfo, y terminaron adueñándose del cártel. Así nacieron los Zetas. Las amplias relaciones entre las élites militares con las élites políticas tocan a esas últimas en la posibilidad de mandar o tener poder político abierto y efectivo. El tema es que, al ejercer el papel protagónico en el problema más relevante de política pública, los militares ejercen una opinión al inicio, y un interés después. Al final pueden desplegar la iniciativa política que los lleve al mando. Craso error no apostar por una verdadera policía civil y continuar con el ejército en tareas de seguridad. El ‘pueblo uniformado’ tiene una estructura vertical bajo mandos nada populares.
En este momento no se ven condiciones para un golpe militar. Eso es posible cuando existen tres condiciones: (1) cundo una parte de la población está dispuesta a darle legitimidad al gobierno militar, y en este momento eso no ocurre ni de lejos. (2) Otra condición es cuando hay una hegemonía establecida que promueve a los militares como sus agentes, lo cual tampoco existe. Sí hay expresiones de gobiernos anteriores y del llamado ‘viejo régimen’ que tienen leales militares de rango, que presionan y juegan en la arena política. Pero aun está lejos de ser hegemónicas. (3) Una tercera condición es que las fuerzas armadas actúen como un cuerpo con aspiraciones propias, y tampoco se cumple. Sin embargo, el ascenso del poder político del ejército en medio de una situación de recesión económica y extrema violencia del crimen organizado, es un escenario que al poco tiempo puede traer contingencias inesperadas. La narrativa del orden vertical puede sembrar legitimidad en un sector de la población mexicana. Las medidas audaces para resolver o despresurizar el problema del crimen organizado ya no pueden esperar más. La despenalización de la droga, la seguridad ciudadana y las políticas de la desactivación de los factores de riesgo debe ya ponerse en práctica. Ya cumplimos un año esperando las medidas de una verdadera transformación, y vamos por el segundo año. ¿Tendremos que esperar hasta que ya no haya tiempo para el cambio, para iniciar las propuestas audaces?
Fue una medida sabia haber retirado a los militares de la política después de 1946 en México. Gracias a eso, nunca tuvimos dictaduras militares en este país, como si lo fue en Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala, etcétera. Pero ahora se les da poder político a partir de convertirlos en los actores principales del principal problema público de la nación. Continuar por ese camino ofrece tentaciones temibles que por fortuna López Obrador ya pudo vislumbrar gracias al inédito discurso del General Gaytán.
