■ “Efectos de la reforma constitucional que protege la vida hasta la muerte natural, que se ha votado en 22 estados, se han visto claros en la persecución y criminalización de las mujeres”
“El aborto es un tema de justicia social y salud pública”, expuso Lourdes Enríquez, coordinadora del Seminario de Interrupción Voluntario del Embarazo del Programa Universitario de Bioética en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del grupo IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
Asimismo explicó que “los efectos de la reforma constitucional que protege la vida hasta la muerte natural, que se ha votado en 22 estados, se han visto claros en la persecución y criminalización de las mujeres”.
Agregó que las últimas reformas que se aprobaron en Veracruz, Nuevo León y Sinaloa se están analizando como acciones de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Y es importante que en Zacatecas se sepa que las tres están en litigio, es muy probable que si Zacatecas la vota, se dé un litigio por inconstitucionalidad.
“Cada vez hay más conciencia de que es una aberración lo que están haciendo, de que es inconstitucional, inhumano y que está llevando a las mujeres a ser encarceladas, pero acusadas no de aborto, que pueden estar en libertad, sino de homicidio agravado por razón de parentesco”, declaró Lourdes Enríquez.
Los efectos que se viven en otras entidades donde ya se votó por la reforma constitucional que protege la vida desde la concepción, Zacatecas ya los puede voltear a ver. Y considerar que es un asunto muy grave de salud pública, de justicia social y desigualdad de género.
Un buen argumento para legislar la reglamentación del aborto en México, es lo que “ha venido pasando desde que empezaron estas reformas constitucionales, que fueron una reacción muy virulenta en los avances en la Ciudad de México. Estas reformas son retrocesos y se supone que en los derechos humanos, uno de sus principios es la progresividad y el votar esas reformas es ir en contra de los principios de los derechos humanos, de que son progresivos, interdependientes, indivisibles”, aseguró.
Por tanto, la reforma que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural bloquea que las mujeres recurran a la Norma Oficial Mexicana 046, que indica que todos los estados tienen la obligación de brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación. Sin embargo hay estados, que niegan el servicio cundo entra en vigor la reforma constitucional. Como la que el Partido Acción Nacional propuso la semana pasada en la Legislatura del estado de Zacatecas.
Y en la no certeza jurídica, los prestadores de servicios de salud no saben si están brindando la atención que corresponda a una causal legal para interrumpir un embarazo, o están incurriendo a un delito. En muchas ocasiones, se niega el servicio a las mujeres.
En la Agenda de Desarrollo del Milenio del 2000 al 2015 uno de los objetivos en la región en la que se encuentra México estaba incluido bajar la muerte materna, por embarazo, parto, puerperio y sobre todo por aborto inseguro en la clandestinidad.
De este modo, la académica expresó que es un tema de salud pública por el alto índice de mujeres que mueren en el aborto inseguro y los daños que esta práctica causan a la salud de las mujeres.
Además recalcó que la seguridad en la ejecución del aborto depende de los medios que tengan las mujeres para practicarlo, es claramente un tema de justicia social.
“Hay mujeres pobres que recurren a métodos terribles, y son las mujeres pobres las que mueren, las que quedan con serias lesiones, mujeres fuertes, sanas que no debieran morir. Entonces el estado y la sociedad debemos prevenir muertes”, dijo la coordinadora de grupo IVE.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), por ejemplo, recomendó en 2018 cuando examinó a México, armonizar la legislación penal en materia del delito de aborto, mínimo bajo los estatutos de la Ciudad de México, expresó la experta.
La diferenciación del delito depende de la entidad federativa. Hay estados que tienen más causales, por peligro de muerte de la mujer, malformaciones del producto incompatibles con la vida, pero no todos los estados tienen todas las causales.
También señaló que vulnerar la laicidad del estado es anticonstitucional, pues, “no se puede legislar los cuerpos de las mujeres desde el púlpito”. No es tolerable que la iglesia condene a las mujeres por el ejercer sus derechos.
