Los servicios públicos y la oscura sombra de su privatización

Los servicios públicos y la oscura sombra de su privatización

La falta de capacidades de los municipios para atender los servicios más elementales que, en mucho, justifican su existencia como nivel de gobierno, hace que caigan en la tentación de privatizarlos. No está mal que los gobiernos incursionen en los contratos público-privados para realizar algunos proyectos, sobre todo en la llamada agenda ampliada: salud, educación, medio ambiente, o turismo. A fin de apuntalar alguna iniciativa que eleve el nivel de vida de la población de su territorio. Pero los servicios básicos son algo distinto, que están señalados en la llamada agenda constitucional: limpia, alumbrado público, seguridad preventiva, pavimentación, drenaje, manejo de residuos o agua potable. Son servicios que determinan de manera directa el desarrollo humano de la población. Si alguien no cuenta con agua potable, luz en su zona habitacional o manejo de residuos, su calidad de vida disminuye considerablemente. Así las cosas, el Estado debe garantizar el acceso universal a estos. Y el criterio es no sólo la eficiencia, sino la equidad.

Una empresa privada tiene muy claro su objetivo: es la ganancia. Por ello, las llamadas reformas pro-mercado no pueden ser garantes de equidad en los servicios públicos. El manejo de cuotas diferenciadas, donde los más desventajados se vean subsidiados, y los ciudadanos con recursos suficientes puedan pagar el costo del servicio, no es un criterio que pueda asumir una empresa privada. Para esta última, es vital el principio de exclusión: el que no paga no tiene servicio. Si lo ignora el negocio irá a la quiebra. En cambio, la administración municipal debe atender el principio de equidad: precios diferenciados en la universalización de los servicios básicos, dando ventajas a los más pobres. Como podemos observar, los criterios, valores e intereses del mercado y del Estado son diferentes.

Para los gobiernos, la dotación de servicios no es un negocio: es justo eso, un servicio. Y para que se ofrezca con calidad para toda la población las capacidades administrativas, logísticas y de coordinación con la población son esenciales. Un municipio que pretenda aventar la toalla y darle al mercado la responsabilidad de ofrecer los servicios que le tocan al gobierno local, es indicador que no han trabajado en el cultivo de las capacidades que mencionamos. Todas las experiencias de pasar a la iniciativa privada la responsabilidad de la dotación de servicios públicos son desastrosas: caras, inequitativas y de mala calidad. Y no sólo: es un mecanismo de captura. Las empresas elegidas van con el signo del conflicto de interés: la negociación implica alguna ganancia privada del contratante. Por eso, lo mejor es la vía exactamente contraria: la democratización de los gobiernos locales y la elevación de sus capacidades para que los servicios públicos sean realmente eso: públicos.

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