En plena lucha contra la corrupción se realizan eventos llenos de luces y color que pueden iluminar su propia impunidad: pillaje con luces y color. En una feria circulan millones de pesos por los más diversos conceptos. Los cobros de derechos para vender en los días feriados pueden impactar en los precios tan altos o la reducción de las ganancias de los vendedores, pero que aceptan los tratos con la esperanza en el volumen de ventas. O la contratación de espectáculos que se realizan sin riesgo, porque van subsidiados por el dinero público, se presta a una enorme manipulación al usar empresas intermediarias que cuelan ganancias y se quedan con márgenes importantes de dinero. Además de los cobros colaterales asociados a los espectáculos, como la venta de bebidas, lugares preferentes o contratación de servicios auxiliares. El organizador puede obtener millones de pesos manejando pequeños (o no tanto) márgenes de ‘ganancia’ no registrada en las cuentas oficiales.
Como pudimos observar, el viejo mecanismos de contratar intermediarios de casa para triangular pagos de servicios de espectáculo, tuvo lugar en la Feria de Zacatecas. Presumir altos niveles de corrupción es más que razonable, y por ello, se deben exigir las cuentas y la investigación, pero por una entidad autónoma e independiente del gobierno en turno. En las pasadas fiestas de mayo se gastaron 10 millones de pesos en pago de espectáculos de unos pocos días; en el caso de la feria es una cifra que puede rebasar los 50 millones. Si a un solo artista se le erogan 10 millones de pesos de recurso público, hay sospecha fundada en corrupción, además de la escandalosa injusticia presupuestal. Si a un problema tan sensible como la prevención del delito se le invierten 7 millones al año, y a un artista para un concierto se le dan 10 millones de pesos, no hay lógica que pueda justificar esa acción. En este contexto, claramente, es un caso que rebasa con mucho al organizador de la feria y las miradas necesariamente se dirigen al gobernador del estado. Decisiones que tomó el gobernador: puso a organizar la feria a un personaje que tiene amplios antecedentes de malos manejos y mañas demasiado desarrolladas, también decidió esos montos millonarios de recurso público al pago de espectáculos y aceptó los esquemas de contratación que estableció el comité organizador.
En suma, tenemos la organización de una feria en la sombra de la duda que abarca no sólo a los organizadores directos, sino al propio ejecutivo estatal. El cuestionamiento de decisiones de lesa justicia presupuestal (por lo menos), hasta mecanismos de corrupción usando intermediarios y triangulación de dinero. Ante la lesa justicia y sospecha de corrupción debe nombrarse una comisión especial por la legislatura local para investigar cómo estuvo la situación donde hay recursos no autorizados en el presupuesto y manejos extraños de los mismos. Esperemos y no se dé vuelta a la página en cuanto baje el furor de medios.
