Para asegurar mayores entradas a la hacienda pública el gobierno federal propuso una medida durísima contra la evasión fiscal, específicamente la circulación de facturas falsas; al grado de considerarlo delito grave, lo cual implica prisión preventiva oficiosa, y asociar estas prácticas de evasión fiscal al crimen organizado. Se agregó a la defraudación fiscal en los tipos de delincuencia organizada. Esto puede evitar la evasión al fisco, pero también hará los procesos administrativos casi imposibles. Administradores y contadores estarán al filo de la navaja, rondando cada día la prisión preventiva. Como posibilidad, al lado de un despacho contable (en la mente de los administradores) habrá un calabozo.
Recordamos hace unos pocos años la famosa frase de “¿son facturas de santo Domingo?” o “¿vas a traer facturas de Tepito?”; porque la práctica de presentar facturas falsas para comprobar gastos fue cosa corriente. Luego vinieron formas de protección adicional con los sellos y códigos digitales para autentificar las facturas. Ciertamente esta medida disminuyó la emisión de facturas falsas: las imprentas que comerciaban con ellas prácticamente desaparecieron del escenario. Sin embargo, la creatividad de los evasores ha sido tal, que ha obligado a las autoridades a medidas extremas como tipificar la evasión como un problema de seguridad nacional y establecerlo como delito grave. Puede sonar muy exagerado y de hecho lo es, pero las formas de la elusión y evasión fiscal son igualmente excesivos. En algunos casos es descomunal. Y los efectos son brutales: no hay dinero para hospitalización, medicinas, pago de profesores o fondeo de obra pública como agua potable o apoyo a la producción de alimentos. Nos jugamos el futuro en una sana hacienda pública. Algo es cierto: los evasores importantes son las grandes empresas.
Ahora bien, que en dependencias de gobierno o poderes del Estado se compruebe con facturas falsas es otra cosa. Las propias instancias del Estado, en cualquiera de sus poderes, deben vigilar y hacer cumplir la ley, y si son ellas justamente las que la violan la ley y evaden los impuestos, es doble la falta. Por ello, cuando un policía resulta ser el secuestrador, pues tiene una penalidad mayor a cualquier ciudadano, porque el policía es un representante del Estado y su falta es doble. En ese sentido la sospecha fundada de que en la legislatura local se comprobaba con facturas falsas es muy grave. Sin dudas, este tipo de sospechas deben investigarse a fondo. ¿Qué significa si un diputado en activo hizo uso de falsa facturación para sus gastos? Pues, por lo menos, que tenemos un corrupto en activo, el cual no podemos designarlo para ningún puesto de elección popular. Y según la ley actual que entra en efecto el próximo enero, estamos ante un delincuente organizado. Así las cosas, la investigación sobre evasión fiscal es un tema que hoy en la época de presupuestos bajos es altamente relevante.
