En épocas en que la información es un insumo que suele exceder nuestras capacidades para su debido análisis y comprensión, este debate debiera partir de información seria, fidedigna y corroborada; a su vez, toda aportación debiera ser responsable de sus alcances, basados en diversos criterios, como lo son viabilidad financiera, estabilidad económica, sensibilidad social y política, así como perspectiva estratégica, por citar algunos. Ello nos permite asumir que dicho proceso deberá ser deliberativo y participativo, partiendo de la voluntad política y apertura del Estado, a través de todas sus instituciones, aunque, evidentemente encabezados por los poderes Ejecutivo (administrador) y Legislativo (regulador), y por supuesto los institutos de pensiones.
Me permitiré insistir en las tendencias que constituyen ya fenómenos que contribuirán a que el tema de las pensiones se constituya como un gran problema público en los próximos años: los cambios demográficos que, por un lado, han acotado el crecimiento poblacional como menos nacimientos, un incremento sustancial en la esperanza de vida y el envejecimiento de la población a nivel mundial, unidos éstos a las transformaciones tecnológicas, que han impactado el campo laboral, haciendo que cada vez más máquinas sustituyan en el proceso productivo a las personas.
En no muchos años, los sistemas de pensiones se constituirán en una presión fiscal creciente, por lo que atender el tema requiere no sólo de la participación de las personas e instituciones directamente involucradas, sino de la academia, la iniciativa privada un amplio espectro de la sociedad civil. Los efectos de decisiones correctas, tomadas a tiempo, permitirán al Estado enfrentar este reto con legitimidad, pero también atendiendo todas las visiones, todas las voces y perspectivas. De lo contrario nos encontraremos en el peor de los mundos posibles al respecto: una sociedad avejentada, empobrecida y un Estado incapaz de afrontar el reto, con presión fiscal, social, política y económica que arrojará al futuro a una crisis larga e insistentemente anunciada.
Atendiendo a estos argumentos, la participación plural, democrática, informada y colaborativa, es un esquema indispensable e inherente a esta discusión. Sin embargo, a los fenómenos que ya han sido descritos se suma uno más: la crisis de credibilidad, pero también de poder, de las instituciones, todo ello resumido en lo que hoy ya parece una crisis también de la democracia. Es por ello mismo que innovar en mecanismos de comunicación, diálogo, debate, coparticipación y especialmente colaboración. La política pública conocida como Gobierno Abierto, con sus elementos constitutivos es la opción, que, de acuerdo a experiencias en otros ámbitos, podría convertirse en la herramienta idónea para abordar el complejo (y pronto sistémico) reto de las pensiones.
Corresponde a gobiernos, trabajadores, jubilados, pensionados, instituciones sociales, academia, iniciativa privada y la sociedad en general, estar a la altura de lo que significará pronto enfrentarse a problemas paralelos que podrían llevarnos a una crisis sin precedentes. Para evitar el alarmismo morboso, dediquémonos a proponer, discutir, evaluar e innovar en materia de seguridad social y pensiones, utilizando una alternativa que también atiende al desgaste de los instrumentos tradicionales de la democracia.
Solo podremos construir una vía que dé solución a tan difíciles fenómenos sí existen consensos mínimos, para ello no sólo es indispensable la voluntad política de parte del Estado, también lo es, la disposición e interés, por parte de actores sociales, en el más amplio sentido de la palabra. Tanto la seguridad social como la democracia tendrán tiempos que se avizoran complicados, para salir pronto de la confusión, abrir las instituciones con trasparencia, diálogo y corresponsabilidad, nos permitirá consolidar la posibilidad de una solución que esté al alcance, pero también a la altura del contexto. ■
@CarlosETorres_
