■ El monto sería de entre 7 y 8 mil pesos; la empresa se declaró en ceros ante Profedet
■ Autoridades destacan continuamente la instalación de negocios extranjeros en el estado
La llegada de empresas extranjeras a un estado, en el lenguaje de los gobernantes, se traduce en desarrollo económico para la entidad pero también en la generación de empleos. Zacatecas, desde hace algunos sexenios, ha sido tierra fértil para la plantación de empresas extranjeras tanto que en el último año, el gobierno de Alejandro Tello, según ha señalado en su tercer informe de gobierno, se han instalado 63 empresas y se han generado más de 20 mil empleos, sin embargo, a pesar de las bondades que esto pueda significar, la industria usualmente oculta una cara que arroja situaciones negativas.
El 15 de junio 2017, el primer año de Tello Cristerna a la cabeza de la gubernatura, trabajadores de Yusa Autoparts México, de su planta en Guadalupe, Zacatecas, bloquearon las entradas desde temprana hora de la mañana en protesta por despidos injustificados y violaciones a la Ley Federal del Trabajo mediante jornadas laboras de 12 horas, condiciones de insalubridad y un reparto de utilidades que no tuvo como sustento la conformación de comisión tripartita que verificara que el monto se apegara a la legalidad.
Las utilidades dejaron de ser ese concepto que significaba una ganancia extra para los trabajadores debido a los ingresos declarados por la empresa en el último año fiscal y se convirtieron en un derecho, establecido en la ley, que fue desapareciendo impunemente cuando dejó de entregarse con regularidad, tanto que desde hace algunos años a esta parte, según especialistas, se calcula que dos tercios de los empleadores retienen estos recursos a sus dueños, cayendo no sólo en una violación a la ley, sino cometiendo además el delito de robo.
Es lo que sucede ahora con el caso de un ex trabajador de Yusa Autoparts de Guadalupe Zacatecas, cuyo nombre se reserva por solicitud del mismo, quien denuncia ante La Jornada Zacatecas el robo de sus utilidades después de haber renunciado a la empresa luego de seis meses de trabajo. Su finiquito, dice, estuvo en orden, el problema vino cuando llamó a la empresa para solicitar sus utilidades como ex empleado, que de acuerdo con la ley se destinan en junio, sin embargo, asegura, le dijeron que no se generaron para él.
Ante tal situación, el ex empleado en inconformidad acudió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) en la que solicitó atención, misma que llegó mediante un citatorio para la parte patronal fechada para el jueves 5 de agosto. En la reunión, el personal de Yusa argumentó que no se le podría dar lo que solicitaba debido a que ésta se declaró en ceros y por lo tanto manifestando una pérdida ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algo que levantó la sospecha del quejoso ya que a sus ex compañeros les llegó el recurso bajo el concepto de “bono”, por lo que no haber declarado ingreso por parte de la empresa es imposible.
En una columna de opinión aparecida el 31 de mayo en La Jornada titulada “Reparto de utilidades: el robo del siglo”, Arturo Alcalde Justiniani, padre de la actual Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, denunciaba que las utilidades era un monto de miles de millones de pesos que no llegaban a los bolsillos de los trabajadores sino sólo a algunos bajo la modalidad de “bonos” y que en el caso de las empresas trasnacionales regresaban junto con el resto de las utilidades a la matriz.
El modus operandi, detallaba Alcalde, era que se utilizaban diversos mecanismos para omitir el reparto de utilidades como ampliar los gastos u ocultar ingresos para bajar artificialmente la utilidad, sin embargo, el instrumento más común, decía, es la tercerización llamada outsourcing.
Alguno de estos mecanismos es el que denuncia hoy este ex empleado de Yusa, quien considera una contradicción que se declare en ceros y dé “bonos” y se entreguen en los mismos tiempos que las utilidades, porque además no se específica bajo qué concepto es ese bono. Por lo que, teniendo en cuenta que Yusa cuenta con más de mil empleados, el desvío que está haciendo del reparto de utilidades es millonario, además, porque aseguró el trabajador, las metas de ingreso planeadas en la empresa sí se cumplieron.
A decir del ex empleado, a él le correspondería una cantidad que oscila entre 7 y 8 mil pesos, sin embargo, denuncia que desde la Profedet, donde lo atendió Hilda Macías Ramírez, poco se hace por los trabajadores, pues más parece que estas dependencias están del lado de las empresas por su trato parcial, por lo que consideró que el discurso del gobernador Alejandro Tello de plantar nuevas empresas y, por ende, generar más empleo, poco tiene de prometedor si se continúa con estas prácticas del desvío del reparto de utilidades.
Alcalde Justiniani escribía en el artículo de 2014 que los principales cómplices de este delito son las propias autoridades del trabajo tanto del orden federal como local, ya que teniendo la obligación de hacer respetar el orden jurídico y el mandato para inspeccionar que las empresas cumplan con la ley, se hacen de “la vista gorda” y además “colaboran para perfeccionar la conducta delictiva fijando criterios en la administración de justicia que eviten el cumplimiento de la ley”, algo que está comprobando en carne propia este ex trabajador de Yusa quien tras haber laborado 6 meses, 12 horas de jornada laboral de pie y estar expuesto a problemas de salud, la “mano negra”, la “corrupción y los sobornos” de las empresas le están cobrando factura.
