■ Agentes del MP temen que las carpetas de investigación que llevan puedan ser “manipuladas” para perjudicarles
El enrarecimiento del ambiente al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) se encuentra a tal nivel, que los Ministerios Públicos, quienes entre otros trabajadores dieron a conocer un pliego petitorio dirigido al fiscal general, Francisco José Murillo Ruiseco, temen que las carpetas de investigación que llevan puedan ser “manipuladas” para perjudicarles.
“A ese nivel está, precisamente por lo delicado de nuestro trabajo nosotros no podemos estar cuidando las 24 horas el manejo de nuestros expedientes. Tenemos llave, pero sabemos que pudiera existir acceso por parte de nuestros superiores a nuestras oficinas. Y es fácil que se pudiera vulnerar lo que hemos realizado (…) Ese es uno de los motivos principales por los que los trabajadores no se unen y no firmaron el pliego petitorio a pesar de que expresaron su deseo de que cambien las cosas”.
En el documento difundido la semana pasada denuncian una serie de violaciones a sus derechos laborales y humanos, entre otros, falta de certeza jurídica, hostigamiento y amenazas, a la par de exigir el apego a las leyes en la materia, y a un convenio firmado en octubre del 2018 por la entonces Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado y el Sutsemop.
Informaron también en conferencia de prensa que luego que los policías ministeriales se han manifestado en su respaldo, les fue suprimido su derecho a alimentos y amenazado con arrestos, “lo que constituiría privación ilegal de la libertad”; hasta que el movimiento desista de sus peticiones.
“Tememos por nuestra integridad, debemos decir. También tememos por la manipulación que se pueda hacer de nuestro trabajo. Nosotros dejamos la Fiscalía a veces para ir a nuestra casa nada más para ir a dormir, sin embargo las carpetas que integramos, nuestros expedientes, se quedan en total desamparo y al acuse y al manejo de nuestros superiores”, dijo quien se identificó como Gloria.
A partir de que se entregó e hizo público el pliego petitorio que firmaron principalmente agentes del Ministerio Público, peritos, oficiales secretarios y un policía ministerial, se han generado una serie de represalias, entre las que se suma la degradación de algunos de ellos de sus puestos de trabajo, denunciaron.
Se informó que desde hace un mes y medio se acercaron al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), para solicitar su respaldo.
Alejandro Rivera Nieto, líder de la organización, aludió al pliego petitorio dado a conocer el pasado jueves, señalando el desapego por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado al respeto a sus derechos laborales y prestaciones obtenidas como trabajadores dependientes del Ejecutivo del estado al momento de la transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia, última que se propuso como organismo autónomo.
Se refirió entre otros a los aumentos salariales y el pago de horas extras.
A pesar de la firma del documento se verificó discriminación hacia los MP, peritos y oficiales secretarios de la FGJE, porque no son sindicalizados, “cuando la misma Ley de Servicio Civil prevé que a todos los trabajadores se les tienen que dar las mismas condiciones laborales, en su artículo 83), dijo Rivera Nieto.
Loa afectados también expusieron que desconocen “cómo se esté aplicando, cómo se haya aplicado, o cómo se vaya a aplicar el presupuesto histórico que fue tan anunciado a principios de este año” para la Fiscaliza General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Cabe mencionar que a la FGJE no sólo no se le redujo el presupuesto este ejercicio fiscal, sino que se otorgó uno que efectivamente fue difundido mediáticamente como “histórico”, por el orden de 712 millones de pesos.
Sin embargo dijeron, es justo este 2019 cuando ni los agentes del Ministerio Público, ni los peritos ni los policías de investigación, han percibido incrementos retroactivos al salario, y quienes están adscritos en municipios lejanos no cuentan con viáticos y tienen que absorber los gastos de su encomienda, incluso fotocopias.
“Esa es una de nuestras principales exigencias que le hacemos a nuestros superiores jerárquicos, que se nos informe en que se está gastando”.
Se expuso aparejado a la opacidad, la existencia de desigualdades entre los salarios de los trabajadores que señalan, tienen detrás criterios de discrecionalidad.
Los MP reclaman que haya para ellos un seguro de vida, y otros de responsabilidad civil y penal, como ocurre en encargos similares donde se ha implementado el sistema acusatorio adversarial, en otras partes del mundo.
Piden también que se establezcan procedimientos claros para el cambio de adscripciones pues se ha hecho incluso sin previo aviso. Y tener derecho al descanso pues deben estar disponibles las 24 horas de los 365 días del año a cualquier llamado de trabajo.
Este 2019, también se expuso, se han hecho evidentes malos tratos hacia los trabajadores mediante “hostigamiento, amenazas, gritos y ofensas, sobre todo por parte de la señora vicefiscal”, Dolores Ramírez Flores.
La actitud de la funcionaria hacia sus subalternos ha generado desgano y miedo para ir a trabajar, “no existe confianza de plantearle algún asunto, preguntar sobre un procedimiento porque de tontos no nos baja”.
Los agentes del Ministerio Público, peritos y oficiales secretarios, quienes puntualizaron en voz de Carlos Longoria, perito de la Dirección General de Servicios Periciales, dijo”, que desde el punto de vista científico queremos hacerles saber que cuentan con nosotros como siempre han contado pero que no se les deje de lado”, expuso a sus superiores, luego que se puntualizó que los trabajadores no han faltado a sus responsabilidades laborales.
La redacción, entrega y difusión del documento también precisaron, se realizó luego de acudir a la oficina del Fiscal General de Justicia a solicitar audiencia sin que se les concediera desde el pasado mes de marzo.
Acudieron entonces un grupo pequeño, cuando aún no se había emitido la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía, para solicitar adherirse al programa de retiro voluntario que había implementado el Gobierno del Estado, “no fue posible”. Una petición que reiteran en su documento.
Solicitaron otra vez a Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del estado, “que se detengan a este tipo de conductas y que por el contrario nos sentemos al diálogo y ver de manera conjunta cómo obtener un resultado favorable para todos”.
Expusieron también que “a pesar del trato indigno que se nos ha dado, la falta de recursos, la falta de un salario digno”, la FGJE se encuentra en el quinto lugar nacional en vinculaciones a proceso, esto es, carpetas de investigación iniciadas que luego han podido ser llevadas ante el juez de control.
En niveles de confianza en el sistema de justicia penal adversarial se encuentra en segundo sitio en el país, y octavo en cuanto a su consolidación. Mientras que ocupa un primer lugar en la resolución de asuntos judiciales.
“En la institución laboramos aproximadamente una cantidad de mil 600 compañeros, entre Ministerios Públicos, peritos, policías investigadores, personal administrativo; consideramos que las personas que resultamos afectadas somos la totalidad de todos los trabajadores. Sin embargo, es únicamente una parte la que nos hemos atrevido a peticionar, a manifestarnos. Reiteramos la invitación a todos y cada uno de los trabajadores a que se unan a esta petición, es totalmente pacifica, es legítima, es ajustada a derecho”.
“Sabemos que desean que haya un cambio, pero no se han animado por miedo a integrarse a esta lucha, que lo hagan. No estamos cometiendo ningún delito, no estamos haciendo nada indebido. Estamos haciendo valer un derecho que viene plasmado en la Carta Magna de nuestro país en el artículo octavo constitucional, es el derecho de petición”, expuso Gloria.
