Escuché estas palabras corrupto y corruptor hace años, así vinculadas, una consecuencia inevitable de la otra, en voz de la Diputada Sonia de la Torre, del partido Acción Nacional, quien denunciaba en sesión de la 58 legislatura al gobierno de Amalia García, cuando comenzó a pagar a los diputados por voto, sobre todo en tratándose de la aprobación del presupuesto de ingresos y el de egresos.
La detención de Rosario Robles, pero sobre todo un artículo de mi amigo Luis Medina Lizalde que apareció en Facebook el 13 de agosto pasado y que lleva por título “ROSARIO LA SEDUCIDA”, me llevaron a relacionar la acción de corromper con la acción de seducir. ¿Quién corrompe y quien seduce en tratándose de la desviación o apropiación de dineros del erario público? Luego al final ¿no se hacen sinónimos?
Yo no tengo la menor duda que es el Sistema Político en México, que abre y oferta las oportunidades. Da cauce con las facilidades para hacerlo y lo más atractivo: garantiza impunidad. Por eso la aparición de los López Portillo, los Salinas, los Fox y sus Sahagún, los Calderón y para rematar con los Peña y su gaviota. Gobernadores, Presidentes municipales e infinidad de funcionarios.
Un acontecimiento político hace años me acabó de convencer: Al ganar la gubernatura del Estado Miguel Alonso Reyes y a escasos diez días para que tomara posesión, me llamó para pedirme una iniciativa que, el que esto escribe, trabajaba tiempo atrás, que el gobernador electo conocía y que tenía que ver con rendición de cuentas públicas. Iniciativa que, de acuerdo con él y con el Contador Guillermo Huizar, le llamamos “Ley de Tribunal de Cuentas”.
La idea era crear en Zacatecas un “Tribunal de Cuentas” al estilo Canadá y otros países: autónomo y con facultades jurisdiccionales para embargar, rematar y decomisar bienes de los funcionarios que tuvieran deuda en sus cuentas públicas.
Al tomar posesión como gobernador, el primer acto de Alonso, fue precisamente la entrega en la Legislatura de la iniciativa de Ley de Tribunal de Cuentas, que se integraría con tres magistrados no nombrados por el gobernador ni a propuesta de éste. Presumió su iniciativa y atacó con dureza innecesaria a Amalia.
Y ya en el poder, de pronto Miguel Alonso se fue embriagando con el efecto “seductor” o el efecto de un Sistema Político corrupto y corruptor: Acondicionó sus habitaciones en la Casa de Gobierno, a imitación y lujo de un hotel en Las Vegas, con sábanas de seda y “toda la cosa” y deslumbrado por los más de 20 mil millones de pesos que administraría como presupuesto estatal, reflexionó en las facilidades que para apropiarse del dinero del erario público daba la ley “tal como está” y en la impunidad garantizada por una ley “tal como está”.
De pronto alcanzó la categoría de nuevo rico con la compra de ranchos, casas, ganado…
¿Y la Ley de Tribunal de Cuentas? Quedó en la llamada “congeladora” del legislativo, con el apoyo de una diputada a la que el ex gobernador Alonso dio muestra bastante de no “darse por mal servido”. Raro en política: el propio gobernador se “autocongeló”.
En Zacatecas la cuenta pública es revisada por la Auditoría Superior del Estado, cuyo titular es designado por la Legislatura. De derecho la Auditoría Superior tiene como superior Jerárquico precisamente a la Legislatura y, de hecho tiene como superior jerárquico al gobernador en turno, con amplias facultades para “dar línea” o “enderezar” (en favor o en contra) alguna investigación a funcionarios o presidentes municipales.
La cuenta pública ya revisada por la Auditoría Superior, pasa a la legislatura para su aprobación o desaprobación. El pleno vota (luego de negociar la cuenta en lo obscurito): se perdona al presidente municipal del PAN, a cambio de igual actitud con uno del PRI y otro del PRD, en un juego de “toma y daca” hasta limpiar el panorama, en lo que es “la marcha de impunidades”. La votación termina en empates técnicos y sin cuentas por cobrar.
Si aparece desviación de recursos federales, aparentemente la cosa se complica: En gran ocurrencia, se “inventó” la Fiscalía para servidores públicos. El asunto se transfiere a la Ciudad de México donde no hay quien le alcance o impulse. La fiscalía especial para conocer de asuntos de servidores públicos se cierra hasta la prescripción.
Es precisamente lo que ocurre con las denuncias presentadas por diversos ciudadanos zacatecanos en contra de Miguel Alonso. “Están en investigación en la Ciudad de México para el que quiera ir a enterarse del avance”, dicen en la Delegación en Zacatecas a los interesados en combatir la impunidad.
El encarcelamiento de Rosario Robles debe ir acompañado con el enjuiciamiento de los principales saqueadores del erario público: Lozoya, Romero Deschamps, los hermanos Sahagún, algunos ex gobernadores y, desde luego ex presidentes de ese largo período que inició con Salinas y terminó con Peña. Sería el fin de la impunidad y el renacer de la Nación.
Y luego las reformas de fondo al sistema de rendición de cuentas que tenga como fondo la exclusión de la legislatura de facultades contables. ■
