Es inconcebible que se siga pagando el rescate bancario de 1995-96, que le costó al país alrededor de 100 mil millones de dólares, que en ese entonces representó el 16% del PIB. Informaciones recientes indican que los pasivos que se arrastran por ese programa llegaron a una suma histórica de 934 mil 848 millones de pesos para un primer semestre de este año.
A junio de 2019 el saldo de la deuda neta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), representa 3.62 por ciento del producto interno bruto (PIB). A pesar de estarse pagando cada año desde el rescate bancario hasta la fecha, todavía no se termina de pagar, dados los altos intereses establecidos por el banco central y el mal rescate realizado por el gobierno de Ernesto Zedillo. El gobierno debió haberse quedado con los bancos recatados y no simplemente haber hecho suyos los pasivos que cayeron en insolvencia, para así capitalizar de nuevo a la banca. Se transfieren crecientes recursos a la banca, a costa de disminuir la inversión pública, como el gasto corriente, de reducir el tamaño y participación del gobierno en la economía y frenar la actividad económica, como la generación de empleo.
La banca gana lo que quiere, tanto por las altas tasas de interés y comisiones que cobra, como por la transferencia que el gobierno le sigue realizando a través del IPAB. Tenemos una banca disfuncional a la dinámica económica, que no impulsa el crecimiento del sector productivo, ni el ingreso de empresas, individuos y del gobierno, lo que lleva a que éstos sigan dependiendo de la deuda y le sigan transfiriendo recursos a la banca. Se descapitalizan los sectores endeudados y la banca ve incrementada su riqueza, acentuando ello su poder económico y político, así como la desigualdad de la riqueza en el país, situación que actúa en detrimento del crecimiento económico.
Por su parte, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales manejan los recursos de los trabajadores, registraron un incremento de sus ganancias en el último año de casi 22 por ciento. Éstas lucran con las cotizaciones de los trabajadores para su jubilación y en cambio éstos reciben migajas de esos rendimientos. El sector bancario-financiero obtiene altas ganancias, evidenciando su fuerza económica-política, donde ningún gobierno ni Congreso del color que sea, tiene la fuerza política para regularlo e impedir que lucren a costa de los deudores y de los trabajadores que cotizan al fondo de pensiones.
Hay que recordar que en la época de la Babilonia (antes de nuestra Era), las deudas se cancelaban cada 7 o 30 años, a fin de lograr el equilibrio económico, político y social de las sociedades. En nuestra Era, se abolieron las cancelaciones de deuda, lo que ha incrementado el poder de los acreedores (sector bancario-financiero), que ha acentuado la concentración de la riqueza a favor de ellos, que les permite imponer políticas económicas a su favor. Ello conlleva crisis económicas recurrentes, debido a que tales políticas no configuran condiciones de pago de la deuda. Cuando se presentan problemas de insolvencia, los acreedores se cobran con las garantías que los deudores tienen que ofrecer para ser sujetos de crédito, lo que descapitaliza a éstos y acentúa la centralización del capital de los dueños del dinero. Mientras continúe la hegemonía y la fuerza del sector financiero internacional y nacional, no hay viabilidad de que los gobiernos retomen políticas económicas a favor del crecimiento económico, del empleo y del bienestar de las grandes mayorías, por lo que la economía mundial y nacional proseguirá con bajo crecimiento, con crecientes desequilibrios entre lo financiero y lo productivo, que generan problemas de cartera vencida y crisis económicas recurrentes.
