■ Los únicos compromisos serios del nuevo gobierno son con las grandes corporaciones del capital minero y el capital financiero: Rodolfo García Zamora
■ Dice que una de las muchas grietas en la 4T es la ausencia de un proyecto serio para que el Estado mexicano recupere el control del territorio nacional y sus recursos naturales
■ Da la impresión que les urge desplazar a las cuatro familias que quedan en Salaverna para transitar de la explotación subterránea a la de cielo abierto porque es la más rentable
“Hay que tomar en cuenta que los únicos compromisos serios que ha hecho el nuevo gobierno mexicano son con las grandes corporaciones del capital minero y el capital financiero”, dijo Rodolfo García Zamora.
Refirió que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador “presumió a ocho columnas” que los 10 millonarios más ricos de México apoyaban a la 4T, y que dentro de ellos se encuentran los directivos de compañías como Peñoles, Grupo México y Frisco.
“Esos compromisos no son gratuitos. Son compromisos a partir de que les están dando la garantía de que no van a modificar esta libertad que les han dado de destruir los territorios, los recursos naturales y las comunidades del país”.
En ese sentido, dijo, resulta demagógico el dicho del Presidente de que ojalá estas grandes corporaciones se tienten el corazón y paguen a los mineros como en Estados Unidos y Canadá, y cuiden el medio ambiente, “cuando por su propia naturaleza la minería a cielo abierto implica destruir en el menor tiempo posible el territorio y los recursos naturales”.
El docente investigador en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ consideró “patético” que López Obrador exponga como si fuera una maldición que los gobiernos priístas dejaron, la concesión de 80 millones de hectáreas de las 200 millones totales del territorio nacional a empresas mineras, señalando “que no se puede hacer nada” y que se llevarán décadas y no van a poder explotarlas todas.
“Para mí es macabra y frívola esta descripción que hace en lugar de estar alarmado y decir caramba, ¿qué va a hacer mi gobierno frente a la enorme destrucción que se ve en Mazapil, en Concepción del Oro, en Chalchihuites, en Ojocaliente, en Real de Ángeles, y en la mayoría del territorio nacional?”.
García Zamora expuso a la gira de Andrés Manuel López Obrador por los hospitales rurales del país que tuvo en Zacatecas tres jornadas, caracterizada como su gestión hasta el momento, por una política asistencialista, en este caso en el tema de salud, y sin el menor cuestionamiento en los hechos a la política neoliberal que estuvo criticando a lo largo de 18 años.
“No hubo ningún pronunciamiento, ninguna propuesta concreta en términos de política de desarrollo regional y sectorial para el estado” en una región en la que casi 500 años de minería testimonian la incapacidad de este sector para generar desarrollo económico, pero sí destrucción ambiental, comunitaria y territorial.
“Cuando de manera muy ingenua dice que recomienda a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras que cuiden el medio ambiente y paguen a los trabajadores como lo hacen en Estados Unidos”, exhibe que hay un elemento estructural “que es una de las muchas grietas en la Cuarta Transformación, la ausencia de un proyecto serio para que el Estado mexicano recupere el control del territorio nacional y sus recursos naturales”.
Aquí dijo, cabe la pregunta de para qué sirve que Morena tenga mayoría en las Cámaras de diputados y senadores “si no están dispuestos a desmantelar la institucionalidad neoliberal de la Ley Minera”; la derogación del artículo sexto de esta normativa donde Carlos Salinas de Gortari elevó a nivel prioritario la actividad minera por encima de las comunidades, los territorios, los municipios y el interés nacional.
Sin que se haga un cuestionamiento a esta institucionalidad neoliberal, “da pánico pensar” que en los próximos cinco años se seguirá utilizando para la destrucción de los territorios, las comunidades y la expulsión de los pobladores, dijo.
“Y para esto utilizan a todos los aliados y a todos los instrumentos que les pueden servir para esos propósitos. Por eso en esta agresión del Corporativo Frisco en contra de la comunidad de Salaverna no resulta desconocido el que puedan utilizar a representantes y parte del equipo de un cuestionado senador que tiene la tradición de administrar los conflictos para interés personal y de su proyecto político”.
Según han denunciado públicamente tanto el delegado de Salaverna y líder de la comunidad, Roberto de la Rosa Dávila, como el representante en la entidad de la UNTA, Efraín Arteaga Domínguez, el senador José Narro Céspedes y el empresario jalisciense, Jorge Alberto Díaz de Sandi González, vinculado a su equipo, han operado durante este 2019 para ayudar a la empresa Minera Tayahua, subsidiaria de Frisco, propiedad de Carlos Slim, para lograr que los habitantes vendan sus viviendas y abandonen el lugar.
“Entonces da la impresión que les urge desplazar a las cuatro familias que quedan en Salaverna para transitar de la explotación subterránea a la explotación a cielo abierto porque es la más rentable por las dimensiones, como lo demuestra –la Mina- Peñasquito”.
García Zamora destacó así dos elementos en torno a lo que en este momento ocurre en Salaverna, Mazapil, la coyuntura donde un senador de Morena y parte de su equipo “está aliado y sirviendo a la estrategia de la expulsión total de la población”; y “la pasividad, indiferencia y renuncia” de titular del Poder ejecutivo federal para desmantelar la institución neoliberal del artículo sexto de la Ley Minera.
“Y yo creo que allí como en muchas de las fracturas que presenta el nuevo gobierno y Morena, si no hay una movilización de los 30 millones de ciudadanos –que votaron para llevar a la presidencia a López Obrador- hacia un verdadero modelo de política pública diferente, me temo que seguiremos trágicamente avanzando hacia un neoliberalismo asistencialista y creciendo en la cantidad de pobres que efectivamente no son 52 sino 90 millones, y una mayor desigualdad en el país”.
Dijo que si todas las comunidades que están siendo afectadas por la minería, ubicadas en 500 regiones, se organizaran a nivel nacional y obligaran a que su problemática se discutiera en las Legislaturas estatales y federal, “yo creo que se estaría construyendo la fuerza necesaria para modificar la Ley Minera”.
Si no se hace así, advirtió, proseguirán las grandes corporaciones corrompiendo y dividiendo a la gente para mantener la subordinación de México a los intereses de gran capital luego que se tiene una lucha totalmente asimétrica entre comunidades como Salaverna, Cedros y otras de Mazapil, no respaldadas por ninguno de los niveles de gobierno, y las grandes corporaciones mundiales.
“Siendo una realidad adversa, y lamentables las declaraciones presidenciales, la sociedad tiene la respuesta en este y en la mayor parte de los problemas del país”, puntualizó.
