■ Nuevos operadores avanzan en intenciones de Minera Tayahua para explotar el sitio
■ Uno de ellos, Jorge Alberto Díaz de Sandi, está ligado al senador José Narro Céspedes
■ Se ha convencido a familias para que vendan sus casas y se proceda a su demolición
Bajo otra estrategia, un “trabajo quirúrgico de convencimiento” de las pocas familias que hasta este 2019 habían resistido toda serie de embates para su despojo, quedan en este momento en Salaverna, Mazapil, apenas cuatro casas en pie y 11 pobladores.
Desde 2006 el lugar se ha constituido en emblemático de la resistencia en Zacatecas a la minería a cielo abierto y la defensa del territorio gracias a la tenacidad de sus lideres comunitarios, en los recientes años, Roberto de la Rosa Dávila.
Pero la tardanza de las definiciones tanto de la Sedatu como de la Secretaría de Energía, y la intervención de nuevos operadores, René Cruz Lozada, nombrado el enero de este año director de operaciones en Minera Frisco SA de CV, y Jorge Alberto Díaz de Sandi González, último ligado al senador José Narro Céspedes, para expulsar a la gente del lugar, hacen avanzar las intenciones de Minera Tayahua SA de CV para convertir el área en una zona de explotación a cielo abierto.
La demolición de las viviendas ha sido paulatina pero sistemática. La más reciente ocurrió el 30 de julio, informó De la Rosa Dávila, quien ayer logró que se hiciera entrega de una carta donde narra la problemática de la comunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador en su última jornada de visita a Zacatecas en Concepción del Oro.
Otro documento en mismos términos generales ya había sido entregado al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, cuando acudió a Mazapil por el problema entre ejidatarios de Cedros y la Mina Peñasquito. Las denuncias se suman a otras hechas en la Segob, SE y Sedatu.
El desplazamiento de los pobladores de Salaverna este 2019 incluyó el incremento en cantidad e intensidad de las detonaciones, la afectación a las casas, y un trabajo “de convencimiento” que elevó la cantidad de dinero de los 750 mil pesos en que se había plantado la empresa minera durante años, a cifras de hasta 3 millones de pesos, también la denuncia de incumplimiento a estos acuerdos.
“Nosotros consideramos que es un trabajo que ha estado haciendo a favor de la empresa y los intereses de Carlos Slim en contra de la comunidad, y en contra sobre todo, de las personas que están en resistencia. Se trata de una operación para aislar a nuestros compañeros y facilitarle a la empresa y al Gobierno del Estado el desalojo violento de nuestros compañeros”, dijo Efraín Arteaga Domínguez.
Se refiere el líder en el estado de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a Jorge Alberto Díaz de Sandi González.
La firma de Díaz de Sandi González como integrante de los asesores de la Asamblea de Ejidatarios de Cedros en el acuerdo 001-14-06-2019 (del que este medio tiene una copia en versión electrónica) que sustentó el retiro del bloqueo que permaneció por más de dos meses en torno a la Mina Peñasquito, demuestra que el abogado y empresario jalisciense “sí es gente del equipo” del senador José Narro Céspedes, dijo.
Su nombre aparece enlistado en ese carácter en el documento junto con el del político líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Felipe de Jesús Pinedo Hernández, Juan Diego Guajardo Anzaldúa y Milo Montiel Romo, este último asesor de Narro en el Senado de la República.
Díaz de Sandi ha fungido como operador en Salaverna para, “en contubernio con la empresa de Carlos Slim Tayahua SA de CV hacer un trabajo quirúrgico” de convencimiento de las familias para que acepten acuerdos de venta por sus viviendas, permitiendo con ello su demolición; en los recientes seis meses ya, de más de 11 inmuebles, expuso.
El dirigente responsabilizó a Gobierno del Estado, Carlos Slim, “y a su aliado José Narro Céspedes, desde ahora, de cualquier agresión que sufran nuestros compañeros que viven en Salaverna, Las Majadas y Santa Olalla, y de cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros también porque no nos estamos enfrentando a un enemigo pequeño; es nada más y nada menos que uno de los individuos que se dice, es de los más poderosos del planeta”.
Lo que está pasando en torno a Mazapil, agregó, habla de “relaciones corruptas. Hay todo un entramado de intereses corruptos donde lo que menos importa son los derechos de la gente y de las comunidades”.
Expuso que en la zona “hay ahora una identidad de intereses, o un solo interés”, detrás de Newmont-Goldcorp al recordar que este consorcio es producto de una serie de compras y fusiones ocurridas entre el 2018 y 2019.
Newmont se fusionó en enero de este año con Goldcorp, última que se había asociado a mediados de 2018 con Grupo Frisco, de Carlos Slim Helú para explotar, se informó a accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los yacimientos minerales en todo el Valle de Mazapil.
“Y no tenemos ninguna duda de que es en función a esos intereses como les urge desalojar a los compañeros de Salaverna”.
En la comunidad están ocurriendo varios procesos, dijo, uno, la visita de inspección de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México iniciada a principios abril y de la que falta que se realice un estudio geológico.
“Aquel que querían hacer desde que se decía que las afectaciones que han sufrido las personas y las viviendas obedecen a las cercanías con una falla geológica. Ahora está más claro que nunca que eso era mentira, que las afectaciones se deben directa, única y exclusivamente a las labores de la mina”.
La tardanza por parte del Servicio Geológico Mexicano (SGM) en terminar este estudio, “no nos da buena espina”.
Se ha argumentado que es costoso, y propuesto como como posibilidad pedirle a la empresa que lo pagara, “a lo cual nosotros nos oponemos tajantemente porque eso podría afectar la imparcialidad y objetividad”.
Efraín Arteaga Domínguez dijo que cabe la posibilidad de que la tardanza sea intencional para darle tiempo a la empresa de Carlos Slim “de terminar de destrozar la comunidad”.
“Eso parece embonar con la labor, nosotros decimos, corrupta que ha estado haciendo el abogado Jorge Alberto Díaz de Sandi Chávez, quien en contubernio con Ocampo Minning o Minera Tayahua ha estado rastreando a familias que ya no viven en Salaverna, sino en Saltillo y Monterrey, buscándolas e invitándolas a reuniones este abogado-empresario jalisciense se presentaba como enviado de la CNPA, y de José Narro o de la doctora Eugenia Flores (esposa de Narro Céspedes)”.
El mensaje que ha llevado Díaz de Sandi es que están muy preocupados por su integridad física y sus vidas, “lo cual es absurdo porque son familias que ya no viven allí”, y a sugerirles que negociaran con la empresa.
El proceso ha ido aparejado de un incremento en el ofrecimiento que por muchos años permaneció inamovible, de 750 mil pesos, o una casa en Nuevo Salaverna, ahora en alguno de los casos por hasta 3 millones de pesos.
De esta manera en el primer semestre del 2019 han logrado pactar con propietarios de viviendas y dar continuidad a la demolición del pueblo.
Han incluido en este proceso a gente que sí vivía en la comunidad, como Celestino Guevara, quien tenía la única tienda existente, adjunta a su casa; los dos inmuebles ya no existen.
Efraín Arteaga dijo que en Salaverna, el senador José Narro Céspedes y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala han estado operando para los intereses de Frisco, de Carlos Slim Helú.
“Todo el discurso ambientalista y de compromiso con los derechos sociales de los ejidatarios nos dice que hay una evidente hipocresía o un doble discurso, cuando en realidad están trabajando para los intereses del gran capital”.
