Andrés Manuel lo advirtió siempre, los visibilizó, les puso nombre y los colocó en el mapa de la discusión pública.
Algunos clase medieros se pusieron el saco, y creyeron que hablaba de ellos por tener un local en una plaza comercial, o un par de restaurantes. Pero los “fifis” o la “mafia del poder” a la que el actual presidente se refirió hace algunos años son unos cuantos personajes que se enriquecieron a la sombra del poder, traficando influencias, y las más de las veces con recursos públicos malbaratados.
Germán Larrea, dueño de Grupo México es un claro ejemplo de ello hoy ya con una fortuna que lo convierte en el segundo hombre más rico de Mexico y el número 79 del mundo, y que puede fácilmente salirse con la suya de toda regulación ecológica a pesar del daño que sus empresas generan.
Nada menos en mayo de este año en Zacatecas, se produjo un derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos de cuánto y sulfato de zinc en el Río San Martín en Sombrerete por parte de dicha empresa.
En ese recuento también está la tala de 205 árboles en Silao, Guanajuato; la ruptura en la presa de jales de la mina de plata de Bolaños, en el Río Bolaños en Jalisco en 2010; las 240 toneladas de ácido sulfúrico que tiró uno de los trenes propiedad de Larrea cerca del río Santa Cruz en Nogales hace cinco años; y hace tres años, en la mina La Caridad, volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en Nacozari de García, Sonora. Todo esto según reporta el medio Sin Embargo (https://www.sinembargo.mx/21-07-2019/3614826 )
Quizá el peor de los incidentes es el ocurrido en agosto, de 2014, cuando la mina Buenavista, también de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que afectó directamente a 22 mil personas.
Además de eso, la gloriosa empresa pasó a la historia por el accidente en Pasta de Conchos, donde murieron atrapados 65 mineros cuyos cuerpos nunca fueron rescatados.
El más reciente incidente en ese récord terrible, es el que dejó el derrame de 3 mil litros de ácido en el Mar de Cortés en Guaymas Sonora del que ya se empiezan a ver consecuencias en las tortugas Caguama marinas y en los lobo marino de los cuales ya aparecieron ejemplares muertos en una playa de San Carlos.
Este último desastre ecológico generó el llamado de más de 400 ONG y activistas varios de ellos de renombre para que se clausuren las operaciones de Grupo Mexico.
El llamado es enérgico y significativo, y puede ser el primer gran paso para ponerle punto final a un largo historial de abusos a la naturaleza, y también al erario. Sin embargo para que esto suceda tendría que fortalecerse la figura presidencial a quien se le exige su actuación pues Larrea no permanecería cruzado de brazos ante el ejercicio de la justicia de la que tanto ha huido.
Ya en otro momento, cuando llamó a sus trabajadores a no votar por López Obrador, tuvo la tolerancia del Instituto Nacional Electoral y el abierto apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes muy probablemente saldrían nuevamente en su defensa.
El loable llamado de las 400 ONGs si fuera consistente y dispuesto a respaldar al poder político frente al económico, podría hacer un cambio real que frenara la explotación irracional de la naturaleza, el daño ecológico del agua, la afectación a cientos de comunidades, y la modificación de condiciones laborales que según han denunciado sus protagonistas (en Cananea por ejemplo) roza la esclavitud.
Para ello habrá que estar dispuestos a enfrentar la guerra mediática que clamaría que nos encontramos en Venezuela del Norte, las posibles tomas de carreteras federales a manos de sindicatos blandos, la entrada en pánico de quien diría que se espanta a la inversión extranjera, la presión de grupos empresariales que en nombre de la economía presionarían para impedir que uno de los suyos salga perjudicado.
Advertirían entonces que estaría en riesgo
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y los más de 350 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos que significa el sector minero-metalúrgico en México. Y sobre todo harían uso de las herramientas legales que hacen tan difícil la cancelación de concesiones mineras.
El poder político actual no es suficiente para ir a ese nivel de confrontación y soportar los costos que significaría poner en verdadero orden a Grupo México. Pero tampoco es imposible, hace falta hacer conciencia de que el cambio no termina en las urnas y que para ejercer realmente el poder, éstas tampoco bastan. ■
