■ 21 están ya están judicializadas y en 9 han obtenido sentencias contra funcionarios
El fiscal especial en el Combate a la Corrupción en Zacatecas actualizó la cifra de las carpetas de investigación abiertas que precisó en 293, de las cuales 21 están ya están judicializadas y nueve han obtenido sentencias contra funcionarios municipales y del Poder Ejecutivo del estado.
Salvador Villa Almaraz aseguró que “vamos avanzando”, aunque dijo que “a lo mejor no al ritmo que la ciudadanía pudiera estar esperando”.
Atribuyó este hecho principalmente a la demora en la respuesta de otras entidades gubernamentales y financieras a solicitudes de información para consolidar las investigaciones, y que requieren la anuencia de un juez.
Comentó al respecto el convenio recientemente celebrado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto, y que permitirá acceder a la información “sobre todo en el caso de cuentas”, de manera más ágil, permitiendo “dar tiros de precisión” respecto de las líneas de investigación, según le dijo el funcionario federal en una conversación.
Villa Almaraz expuso que de las 293 carpetas de investigación que la Fiscalía está integrando, 40 por ciento o quizás un poco más, se refieren al delito de abuso de autoridad y tienen en su mayoría como presuntos responsables a las policías, sean municipales, estatal, metropolitana y vial. Enseguida les siguen casos de peculado y administración fraudulenta.
El Fiscal se refirió también a las investigaciones que se siguen contra funcionarios municipales de Fresnillo referidas a hechos del 2016 y 2017, de las que negó que hubiera inactividad en su integración.
Dijo que se han solicitado informes a autoridades que esperan por su respuesta y que siguen un trámite normal, pues recordó que las denuncias corresponden a los meses de agosto y finales del año 2018. En estos procesos también están pendientes de cumplimentarse dos órdenes de aprehensión.
Indicó asimismo que la síndico municipal de Fresnillo tiene conocimiento del avance de las investigaciones.
Agregó en términos generales sobre la colaboración que la Fiscalía tiene con los municipios que se trabaja de manera “muy coordinada” particularmente con los síndicos que tienen la representación legal de los ayuntamientos.
Esta coordinación ha permitido que la Fiscalía en Combate a la Corrupción participe en la elaboración de denuncias para que cuando se presentan formalmente ante esta entidad, tengan los elementos “para caminar de manera significativa en las investigaciones”.
Trajo a colación sobre el tema la reciente capacitación que impartió a los contralores municipales que tuvo la intención justo de establecer acuerdos de colaboración con los ayuntamientos ya que la Ley Estatal Anticorrupción “no establece la creación de sistemas municipales” en esta materia, por lo que destacó esta coordinación como algo importante.
Sobre este tema en entrevista por separado, Jorge Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien estuvo aquí también para participar en los Foros para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción realizados ayer en el foyer del teatro Calderón, refirió que “no todos los estados cuentan con la disposición de integrar a los municipios a los sistemas anticorrupción”.
Dijo sobre este ámbito que existen una gran cantidad de posibilidades y riesgos de actos de corrupción pero además laceran directamente a los ciudadanos porque ser este el contexto de su realidad cotidiana.
“Cuando hay municipios con un grave atraso y alcaldes con un gran bolsillo, entonces podemos explicarnos quizá dónde quedaron los fondos estatales y federales que debieron haber sido destinados a mejorar la vida de los municipios”.
Aunque no en todos los casos en el país los municipios han sido integrados a los sistemas estatales anticorrupción (como es el caso de Zacatecas cabe reiterar), “esto no significa” que estos sistemas sean omisos respecto de lo que pasa en las demarcaciones, dijo.
Expuso como lo más preocupante el que muchos de los ayuntamientos son omisos en la integración de sus órganos de control a los que no les asignan ni presupuesto, autonomía, independencia y capacidades para que puedan llevar a cabo su función como lo establece la Ley General de Responsabilidades.
Agregó que la deficiencia de recursos que ya denota falta de voluntad, pues “voluntad que no se expresa en presupuesto es demagogia”, hay muchos municipios pequeños cuyos funcionarios no cuentan con los perfiles que tengan las capacidades técnicas para llevar a cabo eficientemente su función, pero también se da “la captura sistemática” de los contralores por parte de los alcaldes, quienes suponen que de acuerdo con la tradición estos funcionarios “deben ser porteros de sus intereses”.
A pesar de las modificaciones legales en el tema anticorrupción los cambios no son automáticos en la realidad, pues dijo que en los informes de auditoría puede verse el porcentaje del gasto federalizado no comprobable que varía en cada estado pero es una constante.
“La ley es un requisito necesario pero no suficiente para poder cambiar las cosas”, por lo que se requieren funcionarios y ciudadanos que exijan que las normativas no sean solo un texto muerto sino que se tomen medidas y ejerzan los castigos que contemplan, expuso.
Observó sobre el interés o no que pueden los presidentes municipales en el combate a la corrupción que “el universo de alcaldes es muy variado”.
“Podemos encontrar alcaldes que sean conscientes del cambio de los tiempos y de la gravedad de su función, y podemos encontrar otros que son más asemejados al Varguitas de la Ley de Herodes, que siguen gobernando en un San Pedro de los Saguaros y creen que pueden hacer lo que quieran porque efectivamente lo han venido haciendo”.
Sobre el caso particular de lo que ocurre en Zacatecas dijo no estar enterado suficientemente para emitir una opinión responsable, “sin embargo, tengo motivos para suponer que es muy similar al del resto de los estados”.
