A pesar de que en la UAZ existe un “departamento de fiscalización” lo que resulta más difícil para las autoridades es lograr vigilar el trabajo que contratan. Por un lado no tienen la capacidad de cumplir lo convenido en el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) relativo a condiciones laborales, y por otro los procedimientos administrativos y jurídicos para ello o no existen o no se aplican. Partamos de la siguiente hipótesis: “la ausencia de reglas beneficia al que puede crear esas reglas”, en el caso de la universidad esa ausencia faculta a la rectoría y los directores para legislar arbitrariamente sobre muchos de los ámbitos y procesos que involucran el manejo de personal y recursos monetarios sin responsabilidad por sus actos. Así, cuando acontece una auditoría, los funcionarios pueden responsabilizar al docente por un trabajo que ellos no hicieron. Expliquemos esto con detalle. El día lunes 8 de julio un grupo de universitarios se presentó en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE), para entrevistarse con el Auditor Superior del Estado, L. C. Raúl Brito Berúmen, y tratar de aclarar dudas respecto a las auditorías que la administración central de la UAZ anuncia pero no explica. Lo que parece estar claro es que, pese a la autonomía de la universidad, ésta es sujeto de revisión por recibir recursos públicos. Ahora bien el proceso de supervisión que se realiza hacia la planta docente consiste de tres fases: se realiza una muestra aleatoria de la población que se pretende supervisar. Se lleva a cabo la supervisión y en su caso se emite una observación hacia la autoridad universitaria. Si la universidad no la solventa, o la ignora, la ASE envía un citatorio al docente observado, para que se haga valer el derecho de audiencia y el involucrado pueda justificar su situación. Cuando no lo logra, o aduce documentos descargados de internet, se le finca un crédito fiscal resarcitorio. Parece simple, pero no lo es, y vamos a mostrar de qué manera las autoridades pueden utilizar el proceso como parte de una persecución política. De entrada declaramos que no existe la pretensión de proteger “aviadores” o cosa similar, al contrario, la ausencia de normatividad y de transparencia es la mejor garantía de que los inocentes sean perseguidos mientras los culpables reposan en alguna cafetería, o hacen campaña, durante el horario laboral. Vayamos a la segunda fase del proceso de auditoría: se emiten las observaciones a la UAZ para que las responda, en particular, se observa que varios docentes no estaban en sus empleos en el horario indicado en sus cargas de trabajo. En este punto la autoridad universitaria, el director, puede emitir un documento con el que justifique la falta sin más elementos que su sesgada voluntad, o bien, el docente puede justificar su ausencia con un permiso sindical siempre y cuando el líder del SPAUAZ así lo decida. Claro es que sin procedimientos administrativos precisos, transparentes y verificables la situación se presta al chantaje político, al condicionamiento de voluntades y en general a la subordinación de los docentes a un grupo de interés. Por eso son necesarias reglas claras. Ahora bien, incluso con reglas claras, con un Reglamento Interior de Trabajo, el asunto presenta aristas inquietantes. Mostremos dos de ellas. La primera es que las cargas de trabajo no se entregan en tiempo y forma, por lo que el docente quizá ni siquiera tenga asignado el horario que se colocó en la supuesta carga de trabajo, la segunda es que en muchos casos la universidad, en abierta violación a lo contratado, no provee de las condiciones de trabajo definidas en el CCT (cubículos, aulas, instalaciones eléctricas y sanitarias, computadoras) por lo que muchas asignaciones de horarios de cubículo son ficticias. No está de más añadir que la ASE emitió una observación al respecto porque el tiempo de cubículo no se puede justificar, así que una violación histórica al CCT coloca a los docentes en situación de riesgo por la irresponsabilidad de varias administraciones. Y no debería ser así porque el procedimiento de asignación de cargas de trabajo es algorítmico y se puede hacer en los tiempos señalados en el CCT si hubiera planeación, mientras que los cubículos se pueden construir con el recurso propio de algunas unidades académicas; por ejemplo, la Unidad preparatoria puede dotar de cubículos a todos sus docentes en un semestre, tal vez un año, con sus recursos propios. ¿Vale la pena reglamentar la supervisión del trabajo en la UAZ? Sí, los recursos públicos deben estar sujetos a control y quienes los ejercen deben responder por sus actos, lograrlo exige una reforma de fondo en la universidad para extirpar la corrupción sistemática producto de la violación constante de los ordenamientos jurídicos: los Consejos deben funcionar, los directores deben ejercer su papel de contrapesos de la rectoría y “trabajar”, revisar el presupuesto, integrar en tiempo y forma las cargas de trabajo, planear. ¿Qué lo impide? El antiquísimo deseo humano de beneficiar a los amigos, a la secta, al grupo, a la familia y dejar fuera a quienes critiquen, se opongan, discutan, tengan mejores ideas. En tal sentido debemos avanzar hacia la “modernidad” para abandonar a “los ídolos de la tribu”. ■
