La justicia en México ha sido y es una calamidad. La cifra negra no ha pasado siquiera a gris, la dilación de los casos y las capacidades de las instituciones están verdaderamente en la desdicha. Hace muchos años ya, en el 2008, se propuso una idea gigantesca para reformar todo el sistema de justicia en México, pero en el propio sexenio donde nació la propuesta no recibió el apoyo que se esperaba: el interés de Calderón era nulo. Con Peña el interés no creció más, aunque hubo un órgano de implementación. Por ello, el avance que se proyectó en el 2008 y que pretendía acabar en el 2016 fue minúsculo. Para la reforma del sistema de justicia se requiere la decisiva determinación de la Presidencia de la República, porque pasar de procuradurías o fiscalías puede ser meramente una modificación de nombre si no hay planeación conjunta con el Poder Ejecutivo que posibilite programar los apoyos necesarios para lograr que el Sistema Penal Acusatorio se convierta en realidad.
Hay al menos tres componentes del sistema: las policías, que son los primeros respondientes; la capacidad investigadora y de ágil integración de pruebas de los ministerios públicos; y jueces imparciales que no se vendan o vean vulnerada su seguridad por los casos que deben resolver. El diagnóstico del estancamiento del Nuevo Sistema de Justicia Procesal está muy estudiado y medido, pero aun así continua en el pantano. Algo peor: ni siquiera lo observamos en la agenda pública. No es un tema que se debata en los medios, en las cámaras legislativas, en las conferencias de prensa o en los planes urgentes del Ejecutivo. Está como olvidado, tirado, omitido, deprimido y postergado. Uno de los acicates de los pequeños avances del Sistema eran las evaluaciones que salían a la luz pública y empujaban a las autoridades a voltear a ver la necesidad de implementar las capacitaciones, las modificaciones de la ley para la independencia de las fiscalías o la inversión en infraestructura para la investigación de las policías ministeriales. ¿Recuerdan cuántos años duró tirado el edificio de la unidad de investigación pericial de la Procuraduría en Zacatecas? ¡Años! Parecía un edificio embrujado. Pues bien, el acicate de la evaluación tampoco está presente: ha sido (si no desterrada) si disminuida.
Es verdaderamente importante concretar la transición al Modelo Acusatorio. La agilidad de atención que promete, la transparencia en los procesos de impartición de justicia y la capacidad de resolver miles de casos desde sus salidas alternativas que evitan llegar a tribunales, son posibilidades que no debemos dejar ir o dejar que se pudran. Es curioso que la renovación o mejora del Sistema de Justicia no esté en la agenda urgente del actual gobierno, cuando es un componente esencial tanto para la atajar la corrupción como para combatir la inseguridad; los dos temas más importantes de la actual administración. Por ello es muy extraño la marginación en que se tiene este tema de política pública. Lo que debe ocurrir es, ya: sacarlo del abandono y ponerlo en las primeras filas de la agenda nacional. Ya.
