Hace un año más de la mitad de los electores que concurrieron a las urnas decidieron apoyar con su voto al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El motor principal de esa conducta política fue la indignación generalizada por la corrupción y la impunidad, por la inseguridad y la violencia; la indignación fue de tal tamaño que superó de manera contundente al miedo al cambio cultivado por años por el sistema de medios de comunicación al servicio de la élite del poder, cuyos operadores ahora se encuentran con que los marcos de referencia neoliberales ya no son útiles. La gente que creía, por ejemplo, que el Estado no debería mantener las empresas públicas, pero ahora muchos apoyan los esfuerzos del nuevo gobierno para regenerarlas, principalmente a Pemex y la CFE. Pero la fuerza gobernante no ha desarrollado una nueva narrativa que permita construir una nueva hegemonía con las propuestas incluidas en la cuarta transformación, y sin ella se presentarán con más frecuencia contradicciones cada vez más serias en los equipos de gobierno y legislativos, y consecuentemente, se empezarán a perder los debates públicos.
Ello no se resolverá si Morena no da pasos urgentes para estimular el debate en sus filas, incrementando la capacidad persuasiva de sus dirigentes mediante el florecimiento de su democracia interna. Sólo el empoderamiento de los miembros de Morena, para ejercer sus derechos políticos, puede propiciar que la elaboración teórica y los debates jueguen un papel relevante en la designación de sus dirigentes y candidatos. Si no se dan pasos en ese sentido la que veremos será el crecimiento del clientelismo y el agrupamiento pragmático en facciones para disputar parcelas de poder, lo que conducirá a Morena por el camino seguido por el PRD hacia su descomposición.
Otro asunto que Morena debe abordar con toda convicción es la perniciosa presencia del dinero en abundancia en la esfera política de nuestro país. Será muy importante conquistar el apoyo social masivo para la demanda de disminuir las prerrogativas de los partidos, y el costo de los procedimientos electorales, así como de las burocracias encargadas de su administración. Sólo la presión popular logrará vencer las resistencias que ya se anuncian para impedir los cambios necesarios en esta materia.
Las reformas al sistema de partidos deben pensarse en la lógica de propiciar la participación de la diversidad ideológica realmente existente en el país, pero evitando la proliferación de supuestas organizaciones políticas que no son más que proyectos de enriquecimiento personal y de grupo. Las coaliciones y alianzas deben repensarse con el fin de que las campañas electorales dejen de ser torneos de pragmatismo, y hasta cinismo, que deterioran la legitimidad de la propia democracia como fuente del poder político.
Por último, aunque no menos importante, la fuerza gobernante debe impulsar el debate nacional para propiciar la regeneración del poder judicial y de las fiscalías; la procuración y administración de justicia en México no puede seguir igual si realmente queremos construir un verdadero estado de derecho. Explicar este problema es una tarea impostergable para Morena.
