Si hay un principio cierto en política, es el de
que no existe virtud en los gobernantes
que pueda sustituir las salvaguardas de la ley.
Jeremy Bentham.
Se volvió una muy perversa costumbre el que los cambios de gobierno significaran obras tiradas, a medio terminar o iniciadas por el antecesor, para demostrar así, un “cambio”. Este tipo de decisiones nos han costado miles de millones en la historia. Pasa en los municipios, en los estados, y claro, a nivel federal. La revancha política para enterrar los legados del rival inmediato anterior, ya nos ha costado suficiente a los ciudadanos. Un grupo de mexicanos ha decidido ponerse de pie frente a estas acciones.
La controvertida decisión del presidente López Obrador, de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en su lugar iniciar la obra de un otro, que en teoría debiera funcionar paralelo al actual, en la base de Santa Lucía, ha puesto a este grupo en marcha, logrando interesantes e históricas determinaciones judiciales que impiden (por lo pronto) al presidente inundar las obras iniciadas en Texcoco y a su vez, violentar, sin consecuencia alguna, todos los estudios, opiniones técnicas e incluso normatividad, que indican cuán dudosa es la idoneidad de la obra anunciada en Santa Lucía.
Frente a la postración y franca mediocridad con la que la oposición partidista ha mostrado ante López Obrador, este contrapeso es una bocanada de aire fresco para nuestra democracia. Que un grupo de ciudadanos (con claros intereses ¿alguien no los tiene?) decida, por las vías constitucionales iniciar un diálogo institucional, que permita, por un lado, de ser posible rescatar la inversión pública ya realizada en el proyecto del NAIM, y sí no, por lo menos, que este gobierno se explique con los detalles necesarios, con argumentos técnicos y no meramente políticos (que son válidos también), porqué cancelar aquélla obra, inundar lo ya construido y no perseguir los posibles actos de corrupción (un día los niegan, otro día los refriegan), nos conviene a los ciudadanos ahora y en el futuro, más allá del simbolismo que significa para el presente.
El presidente por su parte ha amenazado (así es, siendo él quien ejerce el mayor poder político en México), con dar a conocer los intereses que existen detrás de tales posiciones. Vuelve López Obrador sobre la cargada, sentando un (muy) preocupante antecedente: utilizar el linchamiento público para intimidar en las batallas que no puede ganar por la vía de la razón y el argumento. Utilizar la falacia add hominem, como única estrategia. Atentar contra los mensajeros, para no atender el mensaje. Para aquellos que lo celebran, legitiman o justifican solo anoto: hoy es AMLO ¿y mañana, quién?
El presidente debe entender que decidió competir para gobernar en una democracia constitucional, y en ella, su palabra no es la última. No más. Debe entender además que la sociedad civil no es su contraparte, por el contrario, puede convertirse (como de hecho un sector se convirtió en la campaña) en un importante aliado. Pero tampoco forma parte, en su conjunto, del coro aplaudidor, de trámite o legitimador, en que ha vuelto a convertirse el Congreso de la Unión. El Poder Judicial, uno que ha venido transformándose en esta teoría (la de la democracia constitucional), ha decidido ejercer sus atribuciones y poner este debate en un foro asimilable al de las democracias que durante años hemos querido imitar.
Con las acciones arbitrarias, con franco aliento autoritario y populistas de Donald Trump en Estados Unidos, han sido los jueces, los actores públicos que mejor le han impedido la implementación de tales decisiones. Cada que aquello sucede, vuelvo a admirarme del roll of law, y a aspirar un sistema equivalente de contrapesos y división de poderes para México. Los primeros pasos del colectivo #NoMásDerroches, ha encaminado a nuestra democracia hacia allá, nos ha recordado lo que significan los 40 años de reformas iniciadas en 1977 para construir un Estado de Derecho Constitucional y nos permitirá que, en conjunto, sociedad, gobierno y demás poderes, entablemos la necesaria deliberación sobre estas dudosas determinaciones de tirar el dinero público con la suspensión unilateral de obras, sin consecuencias jurídicas para los responsables, antes y después, de dichos derroches.
No debe obviarse, que el amparo, es un medio de defensa ante el poder político, y que, en este caso, sea quien sea, quien lo utilice, su uso es correcto. Para aquellos que buscan refugiarse en un argumento de “legitimidad social” sobre el uso de este instrumento, y, aceptando sin conceder, que pudiera ser el caso, me permito citar al prestigiado ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, en su más reciente obra, Voto en contra: el hecho de que alguien pueda abusar de un derecho no es nunca una justificación para negar su existencia o no reconocerlo. No hay por dónde, apreciados de la cuatrote.
@CarlosETorres_
