El martes 18 de junio pasado se reunieron festivamente las mujeres y los hombres que jugaron un papel relevante en la reciente aprobación y promulgación de la reforma constitucional en materia de equidad de género, bajo las alas de la victoria ubicada en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El festejo no era para menos si tomamos en cuenta que, desde 1970 hasta la fecha se pueden destacar ocho avances de la igualdad de género en México: 1) la igualdad jurídica ante la ley, 2) el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, 3) la ratificación de instrumentos internacionales sobre derechos de la mujer, 4) la visibilización de los problemas que afectan a las mujeres, 5) la incorporación de la perspectiva de género en la legislación y en las políticas públicas (incluidas la planeación y el presupuesto), 6) la creación de instituciones especializadas promotoras del adelanto de la mujer, 7) la adopción de acciones positivas (sobre todo en el plano electoral) y 8) el establecimiento de sanciones para las expresiones de discriminación y violencias que les dañan.
Si bien desde mediados del siglo ya se había reconocido el derecho al voto a las mujeres (en 1947 en elecciones municipales y en 1953 de manera general), fue hasta 1974 cuando se reformó la Constitución para establecer expresamente en el artículo 4º la igualdad jurídica entre varones (sic) y mujeres. Al año siguiente nuestro país fue sede de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, cuya resolución planteó tres objetivos prioritarios para el adelanto de las mujeres en todo el mundo: 1) La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género. 2) La plena participación de las mujeres en el desarrollo. 3) Una mayor contribución de las mujeres a la paz mundial.
En 1981 el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Desde entonces, el Comité de la CEDAW actúa como autoridad internacional altamente reconocida, formulando recomendaciones y acompañando los esfuerzos nacionales para el adelanto de la mujer. En 1982, se postuló la primera mujer a la Presidencia de México, doña Rosario Ibarra de Piedra. En 1985 se instaló la Comisión Nacional de la Mujer para coordinar las actividades y proyectos sectoriales en la materia. Esta comisión preparó la participación de México en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi en 1985, e impulsó el desarrollo de proyectos diversos en beneficio de la población femenina. En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México con vista a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual tendría por sede la ciudad de Pekín, en septiembre de 1995.
Con la reforma electoral de 1996 se introdujo por primera vez en nuestro país el sistema de cuotas de género, al establecer en un artículo transitorio la siguiente disposición: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Sería hasta el año 2002 cuando se incorporó a la igualdad de género y a las cuotas de género en el cuerpo del COFIPE.
También en 1996, se creó la Coordinación del Programa Nacional de la Mujer; esta instancia sería el antecedente para la creación, en 2001, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres). En 1998, México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Este instrumento reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y obliga a los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, así como a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En agosto de 2006, se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En febrero de 2007, con el antecedente de la ratificación de la Convención de Belém do Pará, se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley creó el mecanismo de Alerta de Violencia de Género. Con la reforma electoral de 2007-2008, en el nuevo COFIPE se incrementó la proporción de las cuotas de género de las candidaturas a diputados y senadores presentadas por los partidos políticos, del 30 al 40%, “procurando llegar a la paridad”.
En enero de 2012, se incorporó a la perspectiva de género como una de las clasificaciones en las que debía ser elaborado y aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en junio de ese mismo año, se tipificó en el Código Penal Federal el delito de Feminicidio. En 2013-2014 se introdujo el principio de paridad de género como principio para la conformación de las cámaras del Congreso de la Unión y de los congresos locales. En el año 2016 se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. El 1º de septiembre del año 2018 quedó formalmente instalada la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con una integración paritaria en ambas cámaras derivado de la reforma político-electoral de 2013-2014 (49% de senadoras y 48% de diputadas federales).
Es evidente que la lucha por la igualdad de género ha sido un proceso lento, pero se puede decir que el balance es positivo, sobre todo si se asume la reforma recientemente aprobada como una de sus consecuencias directas. El noveno gran avance garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México, pues establece la obligación constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión y de los estados, así como de los ayuntamientos. Lo mismo ocurrirá en los organismos autónomos y en todos los mandos superiores de las entidades estatales. Lo siguiente es que hombres y mujeres al frente del Estado deben hacer retroceder la violencia de género lo más rápido posible. ■
