La seguridad social se ha convertido en uno de los retos más importantes que a corto, mediano y largo plazo, enfrentan los gobiernos de todo el mundo. Diversos factores, entre los que se encuentra, el envejecimiento de la población, las bajas tasas de empleo formal, crisis económicas y políticas, pero también los inconvenientes propios del sector público, han llevado a este tema a convertirse en una preocupación cada vez más presente, y a la larga, de urgente atención.
Así pues, los institutos de pensiones, han tenido que enfrentar el cambio de realidades sociales, económicas y políticas, con sendas reformas. De acuerdo con la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, “en un lapso de 21 años, entre 1995 y junio de 2017, un total de 76 países aumentaron la tasa de cotización en sus programas de reparto; 54 países debieron aumentar la edad de retiro; y 67 ajustaron la fórmula de cálculo de los beneficios, recortaron o congelaron el monto de las pensiones de vejez.” (Notas de pensiones, septiembre 2017. FIAP).
El cambio no es menor, y por lo que se puede prever, tampoco suficiente. Como lo afirman los expertos, las reformas continuarán, y encontrar una solución conjunta que descanse en los principios de justicia social, responsabilidad financiera, estabilidad económica y viabilidad técnica, así como sensibilidad política, eficacia y legitimidad, es una tarea, que tarde o temprano, nos llamará a todos. Baste recordar que, además de ser un asunto que tiende al carácter general en términos de sus beneficiarios, lo es desde el momento mismo en que la crisis de los sistemas de pensiones se convierte en una presión incosteable para las finanzas públicas. Si no se toman decisiones a tiempo, a través de la planeación estratégica (no puede ser de otro modo en un asunto tan complejo y en un mundo que día a día se complejiza más), podríamos vernos hipotecando el futuro por el pasado. El recurso público, siempre limitado (últimamente más), podría verse seriamente afectado ante un compromiso ineludible como lo es éste del que
Sí solo atendemos a los primeros principios enunciados (justicia social, responsabilidad financiera, estabilidad económica y viabilidad técnica), bastan la participación de los economistas, financieros y actuarios, en la discusión y solución del problema. Sin embargo, sí entendemos que es un problema público, que requiere de la atención de la sociedad en su conjunto, y que esta crisis, llega justo en el punto en el que las instituciones democráticas enfrentan serios retos de credibilidad, no se pueden obviar los otros criterios enlistados: sensibilidad política, eficacia y legitimidad. Siendo este uno de los problemas quizá más complejos pues, hay que encontrar los equilibrios justos entre las variantes técnico-financieras y las socio-políticas, por lo que no puede ser atendido sin voluntad política de funcionarios públicos y representantes sociales, pero también, de interés por parte de los distintos actores involucrados (que al final del día, somos o seremos, todos). Es fundamental innovar en la gestión pública de los sistemas de pensiones, a través de dinámicas que transparenten el contexto, con información precisa, veraz y amigable, incentiven la participación responsable y colaborativa, así como aprovechen el uso de las tecnologías de la información, la comunicación efectiva y las redes sociales. A punto de culminar la segunda mitad del siglo XXI, no hay política pública que pueda entenderse ni conocerse, sin estos elementos.
Sobre estos antecedentes es oportuno instalar en el debate el concepto de gobierno abierto, que pone al centro al ciudadano, para que, partiendo de él, sus necesidades, demandas, perspectiva y análisis, el sector público funcione mejor. La permanente observación ciudadana se ha vuelto inherente en la administración pública, ya no sólo como mecanismo de rendición de cuentas, sobre los resultados de las decisiones, acciones y políticas del Estado (sus poderes, órganos e instituciones en general), sino también desde la formulación de alternativas, su implementación y finalmente, claro, su evaluación.
El gobierno abierto parte de sus propios elementos característicos, que articula, para convertirse en una política sustancial de apertura institucional. En primer lugar, la transparencia, que debe gozar además de un distintivo práctico en este caso, debe ser proactiva. Lo es así porque las obligaciones legales, en los formatos que ha determinado el Sistema Nacional de Transparencia, no bastan ni son del todo legibles para quiénes no estén familiarizados con los conceptos y prácticas afines a la administración pública. En segundo lugar, el uso de tecnologías para facilitar y sistematizar la información, la participación y la colaboración, de forma tal que pueda expandirse más allá de los límites de las distancias físicas y ampliar las oportunidades para cubrir los trámites necesarios para informarse e incidir. Finalmente, la participación, en un sentido amplio, que permita a todo el que esté interesado, apropiarse de las herramientas dispuestas para ello, sin que le exija un esfuerzo que genere desigualdades a la hora de opinar, proponer, comentar, criticar o deliberar. Pero también en un sentido acotado: esta participación debiera ser responsable, de lo contrario se corre el riesgo de convertir los foros públicos en una asamblea de aplausos y abucheos, que en nada abonen a la construcción de vías o soluciones, y a su vez, debe entenderse como una participación en clave colaborativa, es decir, dispuesta a la contribución en las políticas, acciones, reformas y/o transformaciones consensadas. Pero a diferencia de algunas conceptualizaciones, hoy el gobierno abierto, no puede solo encausarse por la web. La participación de los involucrados y también de la sociedad, requiere un esfuerzo mayor, que no solo facilite, sino que también incentive a concurrir a las convocatorias de diálogo y deliberación. Por ello, se hace necesario el desdoblamiento de las instituciones allende se encuentre la plaza pública.
La crisis de las pensiones, un término que, lamentablemente se irá popularizando y volviendo cada vez más presente en la agenda y conversación pública, ha llegado justo en un momento de complejidad democrática y política. Al abordarlas, se deben entender a partir de una visión sistémica, pues al ignorar a una de ellas en la búsqueda de alternativas y soluciones para la otra, se podría conducir al naufragio, un naufragio que será de dos imprescindibles barcos: el de la seguridad social y el de la democracia en sus sentidos más amplios.
El gobierno abierto, como es ya una oportunidad para la democracia, puede convertirse también, en una para la seguridad social y el problema público de las pensiones, al convertirse en una vía que permita la construcción del entendimiento, la concientización, propuestas y acuerdos básicos, de los cuáles partir a una respuesta conjunta, articulada y sistemática.
En Zacatecas, particularmente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), tanto su Junta Directiva, máximo órgano de gobierno, como la propia Legislatura, se ha tomado la decisión de que así sea: partir al encuentro de derechohabientes y ciudadanía en general, acompañados de funcionarios, representantes y expertos, para la construcción de los foros necesarios, así como de los mecanismos y herramientas, que permitan ejercicios de gobierno abierto, con total transparencia y en aras de una participación lo más amplia e informada posible, sobre el porvenir del instituto de pensiones, para darle viabilidad, con responsabilidad financiera, pero también con sensibilidad política y social. Lo que se deba construir, será, a partir de la apertura: abrir las puertas e invitar al derechohabiente y a la ciudadanía a que pase y tome asiento, converse e incida, en la mesa de las determinaciones.
Finalmente, no debe obviarse que el desafío que ya representa el tema de la seguridad social, debe interesarnos a todos, pues más allá de los beneficiarios de hoy, nos encontramos frente a un asunto de interés público, por lo que participar, colaborar y corresponsabilizarnos es una tarea común, impostergable e inevitable. El futuro es labor para el presente común. ■
@CarlosETorres_
