Toda nación, estado y municipio que se considere progresista debería trabajar a favor de la comunidad y en forma particular, no sólo deberían incrementar los presupuestos destinados a cultura, sino también impulsar leyes que salvaguarden sus derechos individuales y colectivos.
Hacerlo implica con mayor razón, cuando en el desagregado presupuestal, lo destinado a las culturas populares adquiere un carácter “miserabilista”, históricamente marginado, no sólo para la capital y lo que por regiones constituye el Centro de la República, sino grosera y maliciosamente para todo el Sureste que es donde se registra la mayor riqueza en artesanías, el Occidente con significativos acervos (Jalisco, Nayarit, Querétaro, Michoacán y Guanajuato, los principales) y en despoblado, con menores iniciativas institucionales (salvo el Estado de Nuevo León), la mayor parte del Norte Mexicano.
Cuatro regiones que en el pasado fueron trazadas por las autoridades culturales, con el propósito de promover el diálogo, el intercambio, el fomento a la diversidad y la necesaria optimización del recurso financiero, para apoyar literatura, teatro, música, artes plásticas y en menor rango, las culturas populares.
Muchos resultados satisfactorios para escritores, artistas y grupos que tuvieron y siguen teniendo la oportunidad de participar, pero marcadamente, siempre en menor escala, casi restringido para las expresiones populares, donde la presencia del artesano es una voz silenciosa, casi aplastada por el sistema capitalista dominante que opaca su extraordinaria capacidad creativa para mostrar al mundo su propio ser y estar en comunidad, en contacto permanente con la Naturaleza.
Los logros que hoy enorgullecen a México y a sus distintos estados en materia artesanal, son en rigor, gracias a sus propios artífices que se han aferrado a su vocación a contracorriente, sin seguridad social y sin un esquema real de comercialización de sus productos culturales.
Bajos presupuestos, sectorización inadecuada, falta de perfiles profesionales en gestión del patrimonio y una inminente legislación sin decretar han provocado una crisis de años histórica y cultural de abandono, que sólo se voltea a ver cuándo algún periódico investiga y registra los constantes abusos de marcas internacionales contra los derechos de autoría de las comunidades indígenas.
Es una triste realidad que el tema artesanal haya brincado al debate político, no por una debida planeación y un trabajo sistemático y reflexivo, sino por el plagio permanente de marcas de prestigio como Mango, Nestlé, Carolina Herrera e Intropia entre otras, que han copiado descaradamente, la iconografía sagrada de pueblos enteros y que representa su cosmogonía, lucrando con ella.
“En homenaje o por inspiración” han sido sus engañosas frases, dañando la identidad y la economía de artistas populares, cuyo número existente en el país que va de 12 a 16 millones, es absolutamente inexistente porque no hay a la fecha un censo real que corresponda a un sistema nacional de información confiable.
México es el tercer país a nivel mundial con gran riqueza artesanal, que aporta más del 2.5 por ciento a su producto interno bruto, algo así como más de 450 mil millones de pesos específicamente proveniente de artesanía tradicional.
Si en el ámbito turístico el consumo de artesanía, después de hospedaje y alimentación, constituye la tercera razón de gasto de parte del turista; y si el actual presidente mexicano ha reiterado que es incuestionable la promoción de la producción interna del país, ¿Dónde se queda la estrategia de pensar relacionadamente e incluir en el entramado político, el tema de las artesanías y sus artesanos para apoyarlos con eficacia?…
Fonart (Fondo Nacional para el fomento de las Artesanías) con enormes altibajos desde su creación en 1974, hasta 2018 dependió de la Secretaría de Desarrollo Social y su función en muchos sentidos fue con fines partidistas a favor del PRI, el recurso era etiquetado y entregado a discreción, por supuesto no siempre fue así, pero su historia es un buen ejemplo para señalar su orfandad administrativa y legal.
La Secretaría de Cultura del nuevo gobierno federal la requirió como parte de su estructura, pero con seguridad es un gran error, ya que también depende de este organismo -que hoy tiene menos presupuesto que en 2017-, la Dirección General de Culturas Populares que también podría contar su propia historia de marginalidad administrativa y presupuestal desde su fundación en 1978, por lo que cabría preguntarse si realizarán un diagnóstico de funciones y proyectos de largo alcance de ambas instituciones, que con veracidad, favorezcan a un sector ignorado por años.
Prevalece la incertidumbre, pero lo viable sería apostar porque esta misma Secretaría, recule y promueva a Fonart bajo la figura de organismo público descentralizado, que en coordinación y con el apoyo de las Cámaras de senadores y diputados federales y estatales, se trabaje porque por fin se tenga una ley que favorezca los derechos de autor, los derechos colectivos y la seguridad social de los artesanos mexicanos, en un acto de legítima justicia para sus comunidades de origen.
China sigue invadiendo los mercados lujosos de Palacio de Hierro y Liverpool, imitando también diseños mexicanos que al verlos se piensa que provienen de Michoacán, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo o Guerrero, pero en la etiqueta dice “Made in China”, en una voraz penetración que atenta con lo hecho en México, contra su cultura y su economía.
La autonomía de Fonart y una ley específica a favor del arte popular, son asuntos inminentes de la política nacional y estatal; en cascada, cada estado deberá revisar y resignificar el valor de su arte, mal llamado popular, insertado dentro del patrimonio cultural intangible.
Siendo la artesanía un producto cultural con una irrenunciable vocación económica y turística, la reivindicación es urgente.
Queda pendiente el caso de Zacatecas, ánimo y fortaleza para todos.
