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jueves, 28 marzo, 2024
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Es urgente reestructurar la minería nacional

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Por: La Jornada Zacatecas •

México requiere con urgencia una reforma de la ley que regula la minería, para eliminar, de entrada, los excesivos grados de flexibilidad y laxitud que en ella prevalecen a favor del sector empresarial del ramo y en perjuicio de la nación. Hace años que diversos expertos han demostrado que es necesaria una reforma de este tipo, que no ha ocurrido debido a que que los empresarios mineros no han querido aportar su esfuerzo al desarrollo del país. El dirigente del mayor sindicato de trabajadores de esa industria, Napoleón Gómez Urrutia, ha señalado que hay que disminuir la extensión máxima de territorio nacional concesionado pues hoy poseen 30 %, y no sabemos si quieren obtener 40, 50 o 100% del mismo. ¡Esas cifras son inaceptables!

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La nueva ley debe hacer posible que el Estado recupere el control sobre las concesiones mineras, desde los procedimientos para otorgarlas y la regulación de los derechos y obligaciónes de los empresarios sobre las propias concesiones; la ley también debe incluir los graves problemas de contaminación del medio ambiente y la falta de respeto a los derechos de las regiones, las comunidades, los ejidos y las zonas indígenas donde se asientan los desarrollos mineros. Debe quedar claro que una concesión se cancela si en dos años no se demuestra inversión significativa en el territorio y, sobre todo, cuando se cometan flagrantes violaciones al medio ambiente, a los derechos de las comunidades ejidales o indígenas, o a los laborales de los trabajadores una vez que ya están en operación las concesiones. Antes las concesiones se otorgaban por periodos que iban de 10 a 20 años y eran susceptibles de ser renovadas si es que los proyectos tenían operatividad, recursos y yacimientos adecuados. Ahora se otorgan a 50 o 100 años, a pesar de que en muchos casos los yacimientos duran menos.

La nueva ley debe tomar en cuenta que hoy, más de 90 por ciento de las concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino que muchas de ellas acaban por ser proyectos turísticos, inmobiliarios o ranchos ganaderos alrededor de las minas, con lo cual no se cumple con los objetivos de la propia Ley. La nueva norma debe propiciar la modernización del sector minero, tal como lo hacen otros países: Perú, Bolivia y Chile, donde las empresas mineras pagan más impuestos que en México, además de que garantice que los recursos fiscales recaudados de esta actividad deben beneficiar de manera importante a las comunidades y entidades donde se asientan las minas.

Otro tema fundamental a revisar es el salarial; se debe partir de un reconocimiento de que México era la nación que tenía los salarios más elevados en América Latina cuando se firmó hace 25 años el Tratado de Libre Comercio, y que hoy los trabajadores tienen los salarios más bajos de la región. Hay que abordar toda esta problemática con negociación y diálogo activo, propiciando la participación popular. Tienen la palabra nuestros legisladores federales.

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