■ Los cuestionaron en temas como los derechos de la comunidad LGBTTI
■ También los derechos reproductivos de las mujeres, riesgos de la Guardia Nacional y la minería y su relación con las comunidades
Con preguntas sobre los derechos de la comunidad LGBTTI como el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo, los derechos reproductivos de las mujeres, los riesgos de la Guardia Nacional y la minería y su relación con las comunidades, los diputados locales entrevistaron este lunes a los seis aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de zacatecas (CDHEZ).
El primero en contestar los cuestionamientos de los legisladores fue Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, quien fue cuestionado sobre su opinión respecto al sistema penitenciario y consideró que hasta ahora ha habido indiferencia por parte de la comisión de derechos humanos para atender a este sector.
Además, consideró que la participación de las asociaciones civiles es fundamental para atender, en conjunto, a los grupos más vulnerables.
Por su parte, Ángel Dávila Escareño opinó que después de ocho años de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2011, “hay muchas cosas pendientes por hacer” como el tener en cuenta en las comisiones locales los más de 200 tratados internacionales firmados por México en esta materia.
Entre ellos, expuso que está la inclusión de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hasta ahora se ha dejado de lado en el trabajo de la comisión local y que se refiere a garantizar derechos como la paz, la salud y el bienestar, la alimentación, la inclusión social y el trabajo digno.
En materia de derechos de la comunidad LGBTTTI dijo que en torno al matrimonio igualitario ya hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque resaltó que el debate ya se centra más en el término con el que se denomine a estas uniones entre personas del mismo sexo.
Consideró que si se le da otra denominación no sería discriminatorio y en cuanto a la adopción de parejas del mismo sexo se manifestó en contra pues dijo que “es un riesgo. Si fuéramos un estado de primer mundo creo que no tendríamos ese problema porque tendríamos instituciones sólidas que vigilarían el comportamiento y la atención que dan a estos menores, pero es riesgoso en la sociedad en la que estamos; creo que no estamos preparados para la adopción”.
Por otro lado, Verónica del Muro Guardado opinó que la Guardia Nacional es “una violación desde el momento en que se considera y se autoriza” por lo que dijo que no está de acuerdo con esta nueva institución.
La actual presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos y quien busca la reelección, enumeró una serie de necesidades que tiene este organismo como la puesta en marcha de dos nuevas visitadurías regionales en Valparaíso y en Nochistlán.
Señaló que hay que fortalecer la atención a víctimas del delito porque cada vez son más en el estado, derivado de la “crisis de inseguridad, violencia y criminalidad”.
Domínguez Campos apuntó que se debe impulsar el área de atención al delito de la desaparición forzada por su gravedad y para poder brindar servicios de atención jurídica y psicológica de calidad.
Asimismo, dijo que es urgente que la Comisión de Derechos Humanos tenga un departamento propio de peritos para poder investigar de manera adecuada los casos de tortura, desaparición forzada y negligencia médica.
Por su parte, Maura Griselda Mena Ávila destacó su perfil como trabajadora social para aportar a la comisión “la parte humana” y sostuvo que una labor fundamental que debe realizar la CDHEZ es la de la capacitación y difusión de los derechos humanos.
El último entrevistado fue Raúl Ortiz Chávez mencionó, al igual que otros aspirantes a ocupar la presidencia de la comisión, que es necesario que las recomendaciones que emite este organismo en contra de las autoridades que violan los derechos humanos sean vinculantes.
Inclusive, realizó otra propuesta que fue la de convertir las comisiones de derechos humanos en defensorías del pueblo, una iniciativa que según destacó el diputado Juan Mendoza fue ya planteada en el senado por integrantes de la bancada del Partido del Trabajo.
