No es nuevo que uno de los temas en agenda para los encargados de la recaudación de impuestos en nuestro país, sea el del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de profesionistas que obtienen ingresos por la prestación de servicios relacionados con la salud. Esto se debe a que una gran cantidad de profesionales del sector salud, como lo son: Médicos, Odontólogos, Nutriólogos, etc., no cumplen con obligaciones como la de emitir Comprobantes Fiscales, declarar la totalidad de sus ingresos y pagar sobre éstos, los tributos correspondientes.
Hoy en día, nuestras autoridades fiscales tienen un gran número de herramientas para fiscalizar de una forma más eficiente a cualquier contribuyente, pues tiene acceso a información con la cual puede llegar a considerar que no se están cumpliendo con las obligaciones fiscales correspondiente, como lo es, control sobre las cuentas bancarias de todo tipo que utilicemos, así como sobre el uso de tarjetas de crédito o débito, e información sobre bienes inmuebles adquiridos, vehículos, viajes efectuados, etc.
Para allegarse de la información señalada en el párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria ha sido dotado de diversas facultades a fin de solicitar información a autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, Catastro, Secretarias de Estado o cualquier otra autoridad de carácter municipal, estatal o federal; o bien, solicitudes de información a Notarios Públicos, y a cualquier persona que hayamos celebrado operaciones.
En ese sentido, a través del desarrollo de facultades de comprobación como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, las autoridades fiscales podrían llegar a determinar con cierta facilidad, si es que no estamos cumpliendo debidamente con obligaciones fiscales, por lo que, el Servicio de Administración Tributaria podría utilizar estas facultades para fiscalizar a aquellos prestadores de servicios médicos que incumplen con la obligación de declarar la totalidad de sus ingresos y de emitir comprobantes fiscales, que tendrían como consecuencia la determinación de impuestos omitidos y cobro de los mismos, imposición de multas y sanciones, e incluso, querellas por lavado de dinero, por el uso de efectivo.
Es posible también, que un contribuyente que no declare la totalidad de sus ingresos y realice gastos superiores a los ingresos declarados, sea sujeto de un procedimiento denominado discrepancia fiscal, a través del cual podrán no solo determinarnos un impuesto a cargo, sino también podríamos ser sujetos de un procedimiento penal.
Bajo ese panorama, es necesario que quienes se dediquen a prestar servicios de salud, especialmente servicios médicos, cuenten con controles contables adecuados, por lo que se recomienda tener un contador que asesore en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, emitiendo comprobantes fiscales por los ingresos obtenidos y declarar éstos de forma total, en términos de las disposiciones fiscales aplicables.
Debe entenderse que no basta con solo comenzar a tener un control contable, sino que se requiere que un profesional realice una revisión exhaustiva de los últimos cinco ejercicios fiscales, a fin de verificar si se ha incurrido en omisiones, pues recordemos que las autoridades hacendarias, pueden fiscalizar los últimos 5 ejercicios fiscales.
En caso de estar siendo o haber sido sujeto a un procedimiento de fiscalización, se recomienda también contar con la opinión de un abogado especializado en la materia, a fin de obtener una opinión técnica y oportuna sobre las implicaciones y consecuencias jurídicas que pudieran llegar a suscitarse, buscando una protección personal y patrimonial respecto del contribuyente afectado, toda vez que podría ser que al desarrollar sus facultades, la autoridad fiscalizadora incurra en irregularidades, ilegalidades o excesos, o bien, que no estemos de acuerdo con su determinación.
De ser así, es factible promover algún medio de defensa en contra de las actuaciones de las autoridades que pudieran llegar a perjudicar de forma personal o patrimonial a un contribuyente, buscando que una autoridad jurisdiccional determine si existieron ilegalidades en su actuación, que tengan como consecuencia la anulación total o parcial de la situación fiscal adversa que pueda llegar a ser determinada al particular.
Sin duda, resulta ser un tema muy delicado, toda vez que se encuentra involucrada nuestra situación jurídica y patrimonial, que podría poner en riesgo los frutos de los años de estudio y de trabajo, por no prestar atención debidamente a las disposiciones fiscales, por lo resulta indispensable contar con el asesoramiento de un abogado o contador, que pueda prevenir o resolver cualquier situación de este tipo que llegue a suceder. ■
*Auren Zacatecas
