■ Son cifras recabadas por la sociedad civil: Verónica Rodríguez, subdirectora de Conapred
De 2012 a la fecha, en el país, organizaciones sociales como Letra S han identificado por lo menos 500 asesinatos que estarían relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, es decir, que son presuntamente crímenes de odio.
La subdirectora de Vinculación Social del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), Verónica Rodríguez Jorge, aseguró que son estas cifras recabadas por la sociedad civil las únicas que existen en torno a estos hechos ya que hay una ausencia de datos e información oficial producida por las instituciones que sirva para generar políticas públicas.
No obstante, esta violencia extrema en contra de las personas por razones de orientación sexual o identidad de género demuestra que no debe minimizarse el problema de la falta de denuncia que hay precisamente por las agresiones y formas de discriminación que enfrenta este colectivo a la hora de acercarse a instancias públicas, aseguró.
Rodríguez Jorge fue una de las ponentes en el conversatorio “Avances en el marco legal para el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ en materia de Matrimonio Civil Igualitario” que se llevó a cabo como parte de las actividades del decimocuarto Festival Cultural de la Diversidad Sexual.
La representante de Conapred en el evento sostuvo que las barreras que encuentran los miembros de este colectivo para tener un acceso pleno a sus derechos son estructurales y se dan en todos los ámbitos, desde el familiar hasta el institucional que incluye la discriminación ejercida por servidores públicos y la no aplicación del marco jurídico ya existente.
Insistió en que una de las consecuencias de estos prejuicios y estigmas que persisten en el sector público es la falta de denuncia de casos de violencia y discriminación. La gravedad de esta situación la advirtió, dijo, en el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máxime “en un país donde existen crímenes de odio”.
En su exposición enumeró una serie de acciones que consideró “avances” encaminados a la erradicación de la discriminación como la reforma al artículo primero de la constitución del país en el año 2011, en la que se prohíbe expresamente la discriminación.
También enlistó una serie de cambios internos que se dieron en algunas dependencias para garantizar el acceso a los diferentes servicios y trámites para todas las personas en igualdad de condiciones.
Además, mencionó los pasos que se han dado en el plano legislativo en cuanto al reconocimiento del matrimonio igualitario. Señaló que ya son 10 los estados que lo reconocen por cambios en sus legislaciones locales y otros cinco que lo hacen efectivo después de acciones de inconstitucionalidad en contra de sus normas.
Pese a estos avances, Rodríguez Jorge admitió que son insuficientes y sobre todo destacó el reto que todavía se tiene en materia de un cambio cultural. “El cambio cultural en Conapred es nuestro reto mayor, es el elefante que nos asusta”, concluyó.
Otra de las ponentes fue Dulce Azucena Fuentes, integrante de la dirección general de educación en derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien hizo referencia a un estudio de este organismo en el que se califica el nivel de avance legislativo que tienen los estados, en cuestión de armonización, para garantizar el acceso pleno a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.
En este sentido, Zacatecas cumple al 100 por ciento al tener tipificado como delito la discriminación y presenta avances, en su mayoría del 60 por ciento de acuerdo a la CNDH, en otras materias como la inclusión en el marco jurídico local del derecho a la no discriminación.
Sin embargo, resaltó que hay otros aspectos en los que no se ha avanzado, teniendo un índice de cero por ciento, y se trata tanto del matrimonio igualitario como de la adopción entre parejas del mismo sexo.
