Una vez más, en el breve tiempo desde el inicio de sexenio, el Poder Judicial está en el ojo del huracán. Los motivos que lo han empujado allí deben preocuparnos, pues atacan de lleno uno de sus principios rectores.
Son cada vez más frecuentes las decisiones, propuestas o declaraciones que ponen en riesgo la independencia judicial. La más reciente es el anuncio del senador morenista Ricardo Monreal el pasado 5 de abril de una iniciativa que buscará suprimir el Consejo de la Judicatura Federal. El día anterior presentó otra iniciativa de reforma constitucional que pretende crear, en la Suprema Corte, una nueva Sala Especializada en Anticorrupción y aumentar a 16 el número de ministros. Si cristaliza la reforma, el presidente de la República deberá mandar al Senado cinco ternas de candidatos para ocupar esas vacantes.
¿Y qué tiene eso de malo, dirán? Dada la experiencia muy reciente con respecto a los procesos de designación de dos ministros, es muy probable que estos cinco nuevos también acaben siendo leales al Ejecutivo, por lo que sumarían siete votos afines al gobierno –ocho, a partir de 2021, porque el ministro José Fernando Franco concluirá su encargo–, los suficientes para rechazar los recursos de inconstitucionalidad que se podrían promover en contra de normas impulsadas por la actual adminsitración.
Esta estrategia, que ha sido utilizada en otras latitudes e incluso fue apodada como Court-Packing (empaquetado de la Corte), es un burdo intento de controlar al más alto tribunal y restarle independencia. Se suma a un conjunto de iniciativas de reformas a los poderes judiciales estatales y federal presentadas por diputados y senadores de diferentes grupos parlamentarios, la mayoría de ellas de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Si bien sus exposiciones de motivos mencionan la necesidad de fortalecer la independencia judicial, combatir la corrupción, erradicar el nepotismo o fomentar la paridad de género, casi todas estas iniciativas se han desarrollado sin consultar a integrantes del propio Poder Judicial y sin contar con un diagnóstico basado en evidencia de los problemas que pretenden resolver.
Algunas de ellas, de hecho, supondrían un franco retroceso en las garantías a la independencia judicial. Es el caso, por ejemplo, de otra iniciativa de Morena que plantea derogar las normas constitucionales que prevén que las remuneraciones de algunos altos funcionarios judiciales no puedan ser reducidas durante su encargo. Esta protección constitucional, similar a la que existe en otros países, parte de la premisa de que los poderes ejecutivo o legislativo no deben tener la posibilidad de reducir los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial, pues podrían usar esta facultad para presionarlos en algunos casos o decisiones.
Es esta protección constitucional la que justificó la suspensión de la aplicación a los funcionarios del Poder Judicial de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había votado el Legislativo a instrucción del Ejecutivo a finales del año pasado, para que ningún funcionario público pudiera ganara más que el presidente. ■
