■ Desconocen las políticas y lineamientos de trabajo en las dependencias: Rivera Sánchez
■ Prácticas recurrentes, no atender de inmediato un requerimiento de información o no hacerlo adecuadamente y atender antes a un conocido para un trámite que a quien está en la fila
La línea entre lo legal y lo ilegal en las prácticas gubernamentales es tan difusa que el 94 por ciento de los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal “no sabe cuándo incurre en una falta administrativa o un hecho de corrupción”, aseguró David Eduardo Rivera Sánchez, jefe de la Unidad de Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
No atender de inmediato un requerimiento de información o no hacerlo adecuadamente e incluso atender antes a una persona conocida que a quien está formado en la fila esperando su turno para realizar un trámite.
Son dos ejemplos de prácticas comunes dentro de la administración pública y que constituyen faltas administrativas que, en muchas ocasiones, se realizan sin ser conscientes de que son actos de corrupción.
En 2018 se realizó un diagnóstico en el Poder Ejecutivo y el desconocimiento de cuándo se está incurriendo en un hecho de estas características fue uno de los resultados obtenidos.
Aparte de la falta de conocimiento del fenómeno de la corrupción, se detectaron otras tres situaciones recurrentes que son la opacidad en los procesos internos, el tráfico de influencias o el abuso de poder y la simulación de los órganos internos de control y contralorías.
Entre las cifras que destacan dentro del diagnóstico está que el 94 por ciento de los servidores públicos que desconoce las políticas y lineamientos de trabajo al interior de las dependencias y que no identifican todas las acciones que “salen de la normativa y constituyen un acto de corrupción”.
También se menciona que el 40 por ciento de los trabajadores del Poder Ejecutivo no ha tenido capacitaciones en el tema del combate a la corrupción.
Esta información la dio Rivera Sánchez durante una reunión informativa que el Secretariado Ejecutivo del SEA organizó con medios de comunicación para dar a conocer el trabajo que se realiza en este sistema.
Víctor Hugo Galicia Soto, secretario Técnico del SEA, señaló que desde la secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) no pueden “no se va a meter a la cárcel a nadie”, sino que su función es la de vigilar que las instituciones que conforman el Comité Coordinador del sistema hagan su trabajo y se puedan prevenir y en su caso sancionar los actos de corrupción que se presenten.
Las instancias públicas que integran el Comité Coordinador, aparte de la secretaría ejecutiva y el CPC, son el Instituto Zacatecano de Transparencia, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.
Dijo que han trabajado ya durante ocho meses, en los que la prioridad fue consolidar la conformación del sistema pero, agregó, a partir de este año tiene la “obligación ineludible de dar resultados específicos”.
Hasta ahora señaló que se han hecho una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar las políticas públicas y la actuación de las autoridades en materia anticorrupción como, por ejemplo, la creación del manual de entrega-recepción de los municipios o las iniciativas de reforma al código penal que se presentaron desde el Ejecutivo en septiembre del año pasado.
En torno a este último planteamiento, Galicia Soto expuso que el objetivo general de la propuesta que está al interior de comisiones en la 63 Legislatura es que varias de las conductas que ahora se califican como faltas administrativas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se incluyan ya como delitos en el Código Penal del estado.
No precisó qué situaciones buscan convertirse en delitos que conllevarán no sólo sanciones administrativas como inhabilitación, sino también económicas y de cárcel, pues sostuvo que apenas se está analizando este catálogo en las comisiones legislativas.
