Hacer un balance del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a 100 días del inicio del ejercicio de su encargo, es como juzgar el desempeño del mánager del equipo de beisbol antes de que caiga el primer out del primer inning.
El sexenio se inició a un ritmo trepidante, con un activismo sin precedente en la historia reciente de los titulares del Poder Ejecutivo. Parecería que el presidente, antes de cada uno de los dos intentos fallidos previos para acceder a la silla, apuntó con detalle las decisiones que tomaría y las acciones que emprendería a partir de la noche misma en que su anhelado triunfo llegara.
De tal manera que aun y cuando su mandato formal se inició en el mes de diciembre de 2018, ya desde el 3 de julio y una vez superada la anunciada desvelada triunfal, se convirtió en el eje de todas las decisiones políticas relevantes del país.
En ese contexto, el presidente llega a sus primeros 100 días con un repertorio de decisiones de gran calado para el país. Algunas de ellas incuestionablemente positivas, y otras claramente dañinas para el destino nacional.
De cara a las decisiones que se han adoptado, y sin pretender hacer aquí un recuento de cada una de ellas, ni siquiera de las más importantes, es evidente que en su conjunto perfilan algunos desafíos para México. He aquí un vistazo del pequeño tramo recorrido, con visión prospectiva de los retos de futuro.
1.- División de poderes
El Poder Legislativo, más allá de la conformación mayoritaria, debe actuar ejerciendo a cabalidad sus facultades legislativas, electivas, presupuestarias y de fiscalización, actuando con independencia del Poder Ejecutivo.
Algunas de las decisiones que se han adoptado, como el dictamen consensuado para la instauración de la Guardia Nacional, hablan bien del actuar de los órganos parlamentarios. Por el contrario, la imposición de las mayorías en asuntos tan trascendentes como la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que le privó de autonomía no obstante los reclamos sociales, no es una señal positiva.
En el caso del Poder Judicial, aún está a prueba su capacidad de ejercer el control de la legalidad de los actos de gobierno y legislativo. La evidencia de cercanía ideológica y hasta personal en el recién designado presidente de la SCJN y en las personas que integraron las ternas para las sustituciones de ministros, no son signos alentadores. En adición a ello, causan preocupación las expresiones del presidente relativas a su cabildeo ante el Poder Judicial, en asuntos relevantes del ámbito fiscal.
2.- Presidencialismo y autonomías
A lo largo de las últimas décadas el país evolucionó rumbo al acotamiento de las facultades del presidente en ámbitos torales de la vida pública, donde cualquier régimen presidencialista tiene debilidades y tentaciones autoritarias. Así se conformaron órganos con autonomía constitucional y legal, y otros con independencia técnica.
El presidente ha dejado de manifiesto su convicción sobre la inconveniencia de este tipo de formaciones, e incluso ha mantenido una acción verbal beligerante contra estos órganos, fustigando en más de una ocasión a sus titulares. Para no regresar a un presidencialismo imperial, es indispensable que las instituciones no sean descalificadas o degradadas.
En el ámbito de la economía, debe ser preservado el marco jurídico y competencial del Banco de México, el Inegi y los órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones, energía e hidrocarburos. Y en la esfera de la democracia y el estado de derecho, deben salvaguardarse en sus capacidades entidades tan relevantes como el INE, el INAI, la CNDH y el INEE.
3.- Federalismo
El país emprendió hace cerca de 30 años un largo camino para lograr un equilibro entre las funciones y capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno. Apenas se dieron los primeros pasos, en una ruta tortuosa para atemperar la omnipresencia del orden federal, que en los meses que lleva este sexenio ha tenido una regresión, por la designación de los superdelegados, la restricción de recursos extraordinarios, la eliminación del Ramo 23 y la desaparición del Seguro Popular.
Los niveles de subordinación financiera al gobierno federal, que se han acumulado por décadas, de facto nos acercan a un modelo formalmente centralizado y no federal, como marca la ley.
Para revertir esta tendencia, sería indispensable que desde el gobierno federal se convoque a una Convención Nacional Hacendaria que reorganice las competencias tributarias y se haga una revisión de las fórmulas en las que se basa la asignación de los recursos.
* Presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Colaborador invitado.
