Llegó la hora de los cambios en materia económica

Llegó la hora de los cambios en materia económica

Al hacer el balance de los 100 días del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador saltará a la vista que no ha iniciado la transformación en materia de política económica, y que es necesario lanzar el debate para crear las condiciones indispensables para que ese cambio fundamental pueda iniciar. Es importante recordar que el desempeño de la economía mexicana en las últimas décadas ha estado muy lejos de ser satisfactorio. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por persona durante los últimos 35 años ha sido, en promedio, de alrededor de 1% al año en términos reales, por debajo del crecimiento logrado entre 1934 y 1982, que promedió alrededor de 3% al año. Las llamadas reformas estructurales, aplicadas desde el principio de la década de 1980, no han producido los resultados que los sucesivos gobiernos anunciaron y prometieron. Más bien han dejado un saldo de bajo crecimiento económico, de mayor concentración de la riqueza y del ingreso, elevados niveles de pobreza, alta informalidad en el mercado de trabajo y deterioro en las condiciones de vida de la población, en particular en las áreas de salud, seguridad social y educación. En los últimos años, a todo ello se ha sumado la creciente violencia e inseguridad en prácticamente todo el territorio del país.

A partir de 1983 se abandonó progresivamente el modelo de desarrollo que México venía siguiendo durante décadas, sustituyendolo drasticamente por otro distinto que busca descansar en el libre juego de las fuerzas del mercado para asignar y utilizar los recursos, desregulado, abierto a la competencia con el exterior y con una cada vez menor participación del Estado en la economía y la sociedad; el paradigma neoliberal se ha organizado en torno a tres ejes centrales: a) minimizar el papel del Estado en la economía; b) la apertura de la economía nacional a la competencia con el exterior, y c) liberalización financiera y de los flujos de capitales. Lo que se tradujo, en la práctica, en las siguientes medidas de política: a) reducción del gasto público, sobre todo el de inversión y los de desarrollo social; b) privatización de numerosas empresas del Estado y liquidación de otras, y c) desregulación de los procesos de producción e intercambio de mercancías y de servicios. La drástica reducción del gasto público es responsable –en buena medida– del reducido crecimiento económico, y del deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población.

En la actualidad, el gasto público es insuficiente para atender de manera adecuada las responsabilidades constitucionales que tiene el Estado. Las necesidades son muchas y de todo tipo. El rezago social y económico se ha venido acumulando. Este es el caso del gasto en infraestructura y en desarrollo social. Se argumentó que el vacío que en lo económico y en lo social dejaba la reducción del gasto público sería colmado por la actividad de los particulares. No fue el caso. Con la reducción del gasto público incluso vino la reducción del gasto privado, en particular el de inversión. Y con ello disminuyó el crecimiento económico. Por todo ello, es urgente que el gobierno empieze a incrementar el gasto público. Se requiere no sólo reducir ciertos gastos que no son necesarios. Sin duda hay que gastar mejor. Pero es igualmente importante gastar más y hacerlo en un plazo breve. Se impone canalizar el gasto adicional a las siguientes áreas prioritarias: combate a la pobreza; educación (en todos sus niveles y orientado a mejorar la calidad); universidades, ciencia y tecnología; salud y seguridad social (ampliar la cobertura y orientado a establecer un sistema nacional de salud y seguridad social); infraestructura básica; infraestructura urbana; infraestructura social (escuelas, clínicas y hospitales); vivienda y sus servicios; desarrollo rural (que incluye el fomento agropecuario, pero no son equivalentes).

Hay que iniciar el debate masivo sobre las medidas necesarias para financiar un creciente gasto público de manera adecuada. Como plantea nuestro paisano Carlos Tello Macias, es preciso mejorar la administración de los impuestos existentes, hacerlos progresivos y también introducir nuevos impuestos (progresivos y equitativos). Se necesita mayor endeudamiento, interno y externo, y promover la participación del capital privado en ciertos programas. Todo ello con el único objetivo de promover el crecimiento económico y la justicia social del país. Se requieren mayores ingresos públicos que se traducirán en más gasto, el cual, a su vez, dará lugar a mayor demanda de todo tipo de bienes y de servicios que los particulares producen. Más impuestos significan más ventas y, con ello, mayor ganancia. Es desde luego indispensable la transparencia y el manejo honesto, eficaz y eficiente del gasto público y de la administración fiscal.

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