En pocos días estará listo el requisito que falta para que sea aprobada la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Es extraña la reforma de la Constitución: se había planteado la necesidad de cambiar los términos de la Carta Magna para poder hacer posible que las fuerzas armadas estuvieran a cargo de la seguridad pública en el país. Sin embargo, la propuesta que originó la propuesta de realizar cambios en la constitución se modificó en el sentido de que la conducción de la seguridad pública estará a cargo del poder civil. Así las cosas, según quedó aprobado el acuerdo por (casi) unanimidad en las cámaras, no hacía falta una reforma de la Carta Magna, bastaba plasmarlo en una Ley General. Sin embargo, el fruto final de la votación en el Senado y la Cámara de Diputados es la expresión del consenso político en torno a estrategias más osadas en el tema de la seguridad del país. Y un cuerpo como la Guardia Nacional (GN) representa una forma de estrategia más potente. Por ello, esperamos y así sea.
Es cosa de días para que 17 congresos estatales avalen el acuerdo expresado en el Congreso de la Unión. Y por ello, ya hay debate sobre el perfil de la persona que estará a cargo de la GN. La posibilidad de que el cargo lo ocupe un militar en retiro se lee (por algunos líderes de opinión) como una manera de burlarse del acuerdo final sobre la exigencia del mando civil. En pocos días deberá saberse quién administrará los 15 mil millones de pesos con los que contará este nuevo cuerpo de seguridad. Y lo que sigue: la discusión de la ley orgánica que regulará a la GN. En ella se deberá plasmar su estructura, forma de operación y misión de la misma. Una vez completos los requisitos para que inicien operación, su existencia se incorporará al Plan Nacional de Desarrollo, en el cual esperamos ver lo más importante de todo este proceso: el cómo hará el gobierno de la república para disminuir los delitos de alto impacto, los efectos de la delincuencia organizada, enfrentar el altísimo índice de frecuencia de los delitos del fuero común y la impunidad (claro está).
Pues bien, dentro de ese plan sectorial de seguridad deberemos saber cuál será la función de las policías estatales y, sobre todo, de las municipales. En las funciones de atender los delitos de alto impacto (está sobradamente demostrado) las corporaciones municipales son impotentes, además de que no es su misión. Las autoridades municipales no conocen de delitos, sino sólo de faltas, luego entonces, sus policías deben tomar funciones estrictamente preventivas. En suma, la creación de la Guardia Nacional debe ir acompañada de una reforma a las policías municipales. Ojalá y en el plan sectorial nacional de seguridad se contemple un apartado a las policías de los gobiernos locales y se rediseñe todo su funcionamiento.
