La oportunidad para que la Legislatura del estado reivindique los derechos de una población que ha dado la lucha durante ya buen número de años. Los sectores más conservadores no han podido detener los avances en el reconocimiento de dichos derechos, han intentado todo tipo de presiones para evitar que los órganos legislativos, tanto federales como estatales, no pasen a decretarlos. Hace un par de años organizaron marchas nacionales para evitar que se modificara el código familiar federal y se efectuara la posibilidad de las uniones igualitarias sin mayor problema. A la fecha, tienen que recurrir a amparos basados en el dictado de la Suprema Corte de algunos casos particulares, que por vía de la jurisprudencia, hace posible que los contrayentes ganen los litigios. El problema es que deben entablar un litigio.
En pocos años, las fuerzas sociales conservadoras se han visto disminuidas. Hace dos lustros esta circunstancia era poco menos que inimaginable. La inmensa mayoría de la sociedad tenía poco conciencia del valor en derechos humanos que significa esta modificación a los códigos familiares; y mucho menos conciencia del valor que concebir las implicaciones del Estado Laico, donde rige una ética cívica basada en el supuesto de que vivimos en una sociedad con valores diversos: plural. Por tanto, donde no todos compartimos los mismos criterios de lo que es una vida buena. En suma, una sociedad que aprenda a vivir con la idea de que hay personas que tienen cánones de vida buena distintas a las propias. Hay grupos tradicionalistas que piensan que la vida buena implica adherirse a los valores que les dicta su religión; y esa religión les dice que la vida en pareja debe ser heteroparental, y dentro de los límites de sus comunidades está bien que vivan de esa manera. Pero hay otras personas que no creen en ellos. Son distintos. Y tienen derecho a que su cánon de vida buena también sea reconocido por el Estado.
El Estado no puede adherirse a una parte de la sociedad, debe observar la manera de representar a todos. Por ello, la ética sobre al que base sus proyectos legislativos debe ser una que haga posible la convivencia de la pluralidad a la que nos referimos. Así las cosas, los legisladores deben preguntarse no que cosas son de su gusto personal, sino que normas respetan el derecho de todos. Un legislador puede no tener gusto o simpatía por los valores de algunas minorías sociales, y sin embargo, tener la estatura legislativa tal, que vote porque todos los grupos tengan sus derechos garantizados. Por tanto, hacemos un llamado a los legisladores zacatecanos a tener altura de miras y estatura legislativa para ya aprobar las modificaciones que hacen falta para que las uniones homoparentales queden garantizadas por la ley.
