Se dice que la democracia inglesa moderna nació en 1688 cuando el rey decidió hacer caso omiso de las leyes del parlamento, y fue inmediatamente depuesto. Con esa decisión nació también la carta de derechos ciudadanos. Esa revolución también hizo patente la esencia del funcionamiento de un sistema político y su principal garantía de estabilidad: los frenos y contrapesos.
Si algún político o grupo de interés abusa, lo hace porque puede: si hubiera contrapesos efectivos no podría. Que el poder controle al poder es la esencia de un sistema democrático de división de poderes. Su existencia implica que cada uno de los poderes públicos y niveles de gobierno tiene atribuciones limitadas y depende de los otros para poder funcionar. Ninguno es eficaz por sí mismo, pero todos funcionan en conjunto: cuando todas las partes –Congreso, Presidencia, Poder Judicial, estados y municipios- reconocen sus limitaciones y dependencia mutua, el sistema logra una capacidad de operación armónica. En México tenemos muchos poderes con capacidad de obstrucción pero casi ninguno ejerce un verdadero contrapeso.
El sistema político construido con el PRI como partido hegemónico y sin participación de la izquierda, nunca se caracterizó por los frenos y contrapesos. El concepto era ajeno a una estructura fundamentada en la centralización del poder y en la capacidad de control e imposición. De haberlos habido, quizá hubiéramos observado una verdadera transición política y social, no solo electoral y a cuenta votos; el PRI siempre sostuvo que en México existía democracia y nunca aceptó la necesidad de una transición integral y pactada. Por ello, nunca han existido factores de equilibrio que impidieran los excesos y el abuso. El Poder Ejecutivo siempre avasalló al resto, de manera que no hemos experimentado, en la práctica, que el poder controle al poder.
Con el triunfo de Fox en el año 2000 inició otra etapa del desarrollo nacional, entrando en el peor de los mundos: sin controles, sin equilibrios y sin contrapesos, pues el PAN acordó con el PRI la continuidad del modelo económico y compartieron la decisión de impedir que la izquierda encabezada por AMLO arribara a la Presidencia de la República. Con su desafuero y el fraude de 2006 se produjo una involución en la liberalización gradual iniciada en 1997: se desarticularon los viejos mecanismos de control, pero no se desarrollaron frenos y contrapesos democráticos. Y el colmo fue que el cancer de la corrupción entró en la fase de su metastasis y propició la inseguridad y violencia que nos aqueja.
Ahora, después del tsunami electoral de 2018, requerimos construir un sistema de frenos y contrapesos que obligue a todos a cooperar porque cada uno sabe que su capacidad de funcionar depende de que todos los demás también funcionen. El nuevo régimen debe contener mecanismos que obliguen a ejercer el poder sin abuso, sin dispendio y con rendición de cuentas. Cuando no hay frenos y contrapesos, el Congreso puede someterse al presidente, o al reves, generandose situaciones que afectan todo el edificio repúblicano. El único antídoto para esa enfermedad es una deliberación intensa sobre los asuntos públicos en un sistema plural de medios de comunicación, de manera que las posiciones asumidas por los diferentes actores políicos les generen costos políticos significativos.
Hay que asumir en serio que la ausencia de frenos y contrapesos protege las inercias de la descomposición social. Hasta antes del 1 de diciembre de 2018, la mayor parte de los actores en el sistema político reconocian la existencia del problema, pero núnca tomaron el toro por los cuernos; para simular, abusaron de la creación de entidades autónomas integradas por el método de cuotas (como si la autonomía fuese sinónimo de imparcialidad y capacidad de frenar abusos), y de las peores formas de crear mayorías a modo en los órganos legislativos o jurisdiccionales: la compra directa y cínica de voluntades. Hoy estamos obligados a enfrentar el problema yendo a la raíz del mismo. Si queremos que en verdad el poder controle al poder, discutamos la forma misma del Estado mexicano, su arquitecturia constitucional y el sistema electoral, teniendo siempre presente que en cualquier caso no deben faltar la deliberación intensa y un sistema plural de medios de comunicación.
¿Todavía nos convence el federalismo? Si es así, ¿cuáles facultades deben regresar a las entidades federativas? Resolvamos la contradicción evidente entre el Senado y la Conago como la expresión de un federalismo renovado. ¿Queremos mantener el sistema presidencial o vamos a uno parlamentario? ¿Queremos que la pluralidad política, y la diversidad social y territorial queden representadas en los órganos del poder público? Desarrollemos un sistema electoral que proteja la democracia, asegure la presencia similar de hombres y mujeres, y la de nuestros pueblos originarios. Hay que asumir que la posible consolidación de Morena como un nuevo partido plural, comprometido con la justicia social, que dirime democráticamente sus contradicciones internas, presionará a las distintas oposiciones a dar origen a un nuevo partido que ocupe el espacio de centro derecha, que sustituya a los que ahora les sirven de soporte pero que están claramente rebasados. Un sistema bipartidista, no propuesto por nadie en la actualidad, es más probable que núnca. De cualquier modo, un sistema de partidos renovado, plenamente representativo será una pieza clave para tener los frenos y contrapesos que México necesita.
