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Justicia coherente vs (in)justicia a modo

Justicia coherente vs (in)justicia a modo

Hace cuatro años escribí en Proceso una opinión crítica sobre el nombramiento del ministro Medina Mora. Por congruencia, no puedo guardar silencio respecto de las designaciones impulsadas por el nuevo gobierno para la Suprema Corte. ¿Está en juego su independencia ante el poder político cuando la integra? ¿Existe algún remedio viable para evitar la captura de la justicia con nombramientos a modo? En este tema la postura presidencial es bien simple: tiene la atribución de proponer las tres candidaturas que estime más convenientes, así que eso es exactamente lo que ha hecho. Su orientación partidista o sus relaciones particulares no le merecen mayor consideración. Basta asegurar que se trata de personas honestas.

Si existe alguna transformación entre su estilo para impulsar nombramientos y el de las administraciones previas, lo cierto es que no se nota. Me pregunto qué hará falta para ver que se proponga a personas defensoras de derechos humanos a los órganos garantes de esos mismos derechos. Personas independientes por completo del gobierno y de los grupos de poder. Pero mientras aguardo, también debo de reconocer que el cuestionamiento de la legitimidad de origen de quienes integran el máximo Tribunal, tiene un peso secundario en relación a la legitimidad que se gana en el ejercicio del cargo. Un análisis que implica algo más que opinar.

Si el ministro Medina Mora ha servido los intereses del viejo régimen y al statu quo que lo manejaba durante este tiempo, o si lo harán el ministro González Alcántara Carrancá o la ministra que llegue a la Corte respecto del nuevo orden, es algo que solamente se puede afirmar si se está al tanto de los criterios que adoptan caso a caso y al verificar si su forma de votar un asunto cambia sin razones de por medio. Quizá existan juicios emblemáticos, de vez en vez, en los que se pueda constatar si las personas nombradas sirven a los intereses de los grupos que les impulsan.

Por ejemplo, la ministra Luna apoyó la suspensión a la ley sobre remuneraciones y eso tal vez no lo hubiera hecho la ministra que la sustituya. Pero no lo sabremos en lo inmediato, así que no tiene tanto caso especular sobre la rapidez con la que este asunto se votó en la Segunda Sala, precisamente para no dar oportunidad a que la nueva integrante pudiera variar el sentido de la votación que se anticipaba.

El otro factor que importa apreciar es que la postura del presidente López Obrador en torno a la función jurisdiccional también dependerá del caso. Puede declarar que respeta la liberación de Padrés y que su gobierno no actúa por consigna, casi al mismo tiempo que para el caso de ex accionistas de Grupo Modelo advierte que si alguien en el Poder Judicial protege a delincuentes de cuello blanco o avala actos de corrupción, cuando menos se le va a denunciar en público. Francamente no está mal que el gobierno asuma una postura en torno a los juicios de interés público, menos que litigue lo mejor que sea posible los casos en los que es parte.

De ello nos queda una lección que no debe pasarse por alto: si desde el ejecutivo federal se opinará sobre temas judiciales, habrá que saber distinguir cuándo se hace por motivos políticos y cuándo se aportan argumentos jurídicos. Quienes más tienen que ocuparse de fallar con razones jurídicas son los tribunales, porque no pueden permitirse aparecer ante la opinión pública como juzgados de consigna.

Y con eso vuelvo al punto de partida de esta opinión. La independencia judicial es frágil frente al poder político si no se sostiene en la consistencia de los criterios que orientan la resolución de todos los asuntos que se juzgan. La Constitución es una y aunque el derecho es ambiguo y opinable en muchos sentidos, tampoco puede llegarse al extremo de pensar que resulta ambivalente. El presidente puede proponer ternas a modo, la mayoría en el Senado puede respaldar sus designios, pero lo que sería más complicado de imponer a un Poder Judicial coherente, son los argumentos jurídicos con los que cumple con su obligación de garantizar nuestros derechos humanos de la forma en la que más se proteja a las personas. Llegue quien llegue a la Corte, la independencia judicial podrá prevalecer en cada juzgado y tribunal que con congruencia atienda esta misión de defender derechos. Así que más allá de las personas, lo que toca es luchar por una justicia coherente.■

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