Toda actividad económica, sobre todo aquella que tiene relación directa con recursos naturales genera un costo ambiental. Es decir, la intervención con la naturaleza provoca que los procesos y capacidades de reproducción de especies disminuyan. En algunos casos los costos son absolutos, cuando las especies desaparecen. El desarrollo sustentable implica que las generaciones futuras puedan contar con los medios de subsistencia de las actuales generaciones. Y los medios de subsistencia dependen de la situación de la casa común: el planeta.
De 1972 a la fecha se ha debatido mucho cómo detener el deterioro de la naturaleza. Y para ello, la solución que mejores resultados ha prometido es dotar de valor económico a los valores ambientales. La idea es que, si se tasa monetariamente alguna pérdida o daño ambiental, se puede acceder a instrumentos para fincar responsabilidades legales a los sujetos que dañen el ambiente. Con ello se pretende que las acciones de expoliación natural se inhiban, o se reparen. Sabemos que traducir valores ambientales a valores monetarios es extremadamente difícil: ¿qué valor monetario puede tener la extinción de una especie? Su valor sería infinito y no hay manera de generar una equivalencia monetaria. Sin embargo, en casos no-extremos, la forma de encontrar algún criterio que sirva para proponer las equivalencias es el costo económico del proceso de resiliencia del mal causado; o en otras palabras, lo que cuesta reponer el daño, además del costo de los efectos provocados en la vida de las personas. Así las cosas, se han hecho estudios muy densos que han concluido en la llamada Contabilidad Ambiental, que ahora mismo el Inegi ya calcula con cierta solvencia.
Las cuentas ambientales sirven para descontar el costo ambiental al Producto Interno Bruto. Y así, nivelar el crecimiento económico respecto a los costos de los múltiples daños al equilibrio ecológico y los entornos humanos. Como podemos observar, contabilizar y hacer que se paguen los perjuicios al medio ambiente es extremadamente importante. En México tenemos legislaciones y una procuración del medio ambiente laxas y torpes. Es importante que se genere legislación y jurisprudencia sobre el tema.
En Zacatecas tenemos industria minera y cervecera que producen daños importantes: en suelo y agua específicamente. Industrias que sacan enormes ganancias que no contabilizan los daños que causan. Una manera insuficiente de enfrentar el tema es con el llamado Impuesto Ecológico. Es insuficiente, pero es también una manera de iniciar acciones concretas sobre el tema que hablamos. La batalla que está ahora librándose en la arena de la SCJN es de suma importancia: porque daría un respiro al estado en este año de penuria presupuestal, sí; pero también el antecedente nacional que establece y las ventanas que abre. Es cierto que el recurso de dicho impuesto debe destinarse a remediar los daños que cobra y sabemos que no sería así: se gastaría en educación, campo y otros. Sin embargo, esperamos que una vez institucionalizándose, se pase a reglamentar el destino de esos recursos en los presupuestos de egresos del estado. Por lo pronto, esperamos que la SCJN dictamine a favor de Zacatecas.
