Como a todos ya nos ha quedado claro, la impunidad es el motor principal de la corrupción. Esto es, la ausencia de castigo se convierte en la principal motivación para cometer daño al patrimonio público. Y al revés: la efectividad en el castigo de dichos delitos inhibe la futura ocurrencia de los mismos. Después del cambio de Gobierno Federal ha iniciado una catarata de información sobre abusos de funcionarios públicos de todos los ámbitos de la administración pública. Se percibe que trabajadores de municipios, burócratas de las dependencias estatales y profesores de instituciones de educación superior, han perdido el miedo o sienten mayor confianza para anunciar la manera cómo los funcionarios se enriquecían a costa de los recursos de todos lo mexicanos. Eso ha creado una atmósfera que (a su vez) se convierte en propiciatoria para la mejor atención de los casos por parte de la autoridad.
Sabemos cómo se congelan, atoran, esfuman y pierden los casos de investigación de las irregularidades públicas. Conocemos el itinerario de la impunidad: la Auditoría investiga, pasa los reportes a Función Pública y no llegan al terreno de la procuración de justicia, o llegan y ahí, o se pierden o se hacen impotentes ante la autoridad de la impartición de justicia. Son cuatro escalones de fuego: investigación (Auditoría), integración del caso de responsabilidad (Función Pública), Procuración (Fiscalía) e impartición (jueces). Eso es cuando los casos son investigados, porque muchos de ellos están en estado de invisibles. Como podemos observar, para que un caso pase los cuatro escalones de fuego es muy difícil. ¿Hay alguna cosa que haga que los eventos de corrupción lleguen hasta el final de la ruta?
El elemento que puede hacer que los casos de corrupción se castiguen es la participación ciudadana y la ventilación pública de los asuntos. La presencia en la prensa y el seguimiento ciudadano de los mismos es el motivo de acicate que obliga a la autoridad a actuar. La fuerza de la participación y presencia ciudadana en la indagación de los gastos del recurso público es esencial para evitar que entre los funcionarios hagan tratos de mutuas protecciones o pagos de favores por protección. Es cosa de verificar cómo los casos más importantes de corrupción han sido producto de la ventilación en inquisición mediática. Así las cosas, la arquitectura institucional es un componente que es importante para indagar e integrar la información documentada necesaria para probar que algún funcionario cometió ilícitos; pero la presión ciudadana es el empuje que hace posible que esas cuestiones lleguen a tribunales y su respectivo dictamen.
En suma, los casos que ahora mismo están en el espacio público deben investigarse, ahora corresponde a la ‘nueva’ fiscalía (general y local) llevar ante la justicia a los corruptos. En el país, los eventos de Pemex y las Universidades de la ‘Estafa Maestra’, además de algunos gobernadores; y en la entidad, hay casos que están a la expectativa: el Issstezac, el Cobaez, y el ex gobernador Miguel Alonso Reyes. Ahí está el reto: veremos de que están hechos ambos fiscales.
