El más grave problema de los universitarios no es el adeudo impagable, sino que no leen los documentos clave de las administraciones universitarias; y cuando los leen se muestran incapaces de correlacionarlos con el contexto en el que se desenvuelven. Un vistazo al anexo C del Plan de Desarrollo Institucional presentado por el Dr. Antonio Guzmán Fernández al Consejo Universitario indica que el convenio que firmó la administración central de la UAZ con la SEP y el gobierno del Estado no tiene novedades, sino precisiones. En el citado anexo, en el cuadro titulado “estructura sistémica”, en los puntos 6, 8, 9, 10 están los objetivos que después ratificará, aumentados y clarificados,ante las autoridades estatales. Podemos enunciar esos cuatro objetivos: 1.-política de contención de contrataciones del sector administrativo, 2.- programa de retiro voluntario apoyado con recursos federales y estatales, 3.- programa decompra de prestaciones no soportadas, 4.- gastos médicos adicionales adiciónales a los contemplados por el ISSSTE se suspenderán. Como se puede apreciar, en la forma que viene enunciada en el anexo, sólo son directamente violatorios del contrato los puntos 2 y 4, el resto no lo parecen. Contener contrataciones y promover los retiros voluntarios mediante jugosas cantidades de dinero son programas que dependen, en un caso, de la voluntad de la rectoría para no contratarmás personal en acuerdo con el STUAZ, y por el otro de la voluntad individual de quien quiera retirarse, pero comprar prestaciones y cancelar servicios médicos adicionales sí son acciones violatorias del contrato. La compra de prestacionesporque, de acuerdo a la cláusula 39, los derechos son irrenunciables así que, por la cláusula 3 del mismo contrato, la cláusula 48 transitoria (donde se contempla la sustitución de prestaciones) es nula; aquí hay una contradicción manifiesta en el clausulado porque un contrato no puede estipular que lo contenido en él es irrenunciable y a la vez definir mecanismos para renunciar a ello. La contradicción no es sólo lógica porque la mera formalidad del pensar no alcanza a explicar la persistencia de una quimera: lo que está en juego es un medio de apropiación del dinero público por particulares sin reportar ningún beneficio a la universidad. A la vista de ello la precisión que hace la administración universitaria es que ahora, quien escoja “sustituir sus derechos” (eufemismo para no decir: “renuncia”), sí deberá irse de la UAZ porque con ello sí se libera recurso que por el procedimiento previo no. Es el reconocimiento de un error garrafal y costoso para la institución. En el caso de la cancelación de servicios médicos adicionales se viola la cláusula 74 que, a la letra, dice: “El personal, los medicamentos y el material quirúrgico será proporcionado por la Universidad” en caso de accidentes derivados del ejercicio del trabajo contratado. Ahora bien, el anexo referido, firmado con la SEP y gobierno del Estado un glorioso día que se ha perdido, se mejora la propuesta de la rectoría. En el punto 1 se postula por objetivo reducir el déficit por contrataciones sin soporte presupuestal a través de un programa de retiro voluntario en el que manejan números (42 tiempos completos, 39 plazas de medio tiempo, 849 hrs), para el punto 2, con un lenguaje más amable, se tiene el mismo objetivo respecto a personal del STUAZ, al que le ahorra el epíteto de “personal sin soporte presupuestal”, el punto 3, sin embargo, es de antología: “No aumentar las prestaciones a los Contratos Colectivos de Trabajo…” el punto 4 es el programa de sustitución de prestaciones. ¿Dónde están las violaciones? Si se pretende reducir el déficit mediante un programa de retiro voluntario los tiempos completos no deben ser de base, de otro modo se violaría la cláusula 25 porque toda vacante definitiva debe sacarse a concurso. Si se dejan de aumentar las prestaciones contractuales acontecen dos cosas, una más grave que la otra. La menos grave es que, por no incrementarse las prestaciones ligadas al salario, los incrementos anuales se verían mermados y el salario de los docentes se reduciría sustancialmente, en particular porque los bonos MD y ACD representan un 25% del salario liquido mensual. Más grave sería que de llevarse a cabo estas propuestas de la patronal el SPAUAZ cambiaría, explícitamente, sus objetivos. Los sindicatos, todos, condescendieron a aceptar aumentos ligados a la inflación para sacar adelante los programas de estabilización de los gobiernos del PRI, si ahora se acepta que las prestaciones no se mueven; para sacar adelante a la administración universitaria; lo que acontecerá es que el sindicato no luchará por mejorar las condiciones de vida desus miembros. Si a eso le sumamos el constante incumplimiento del procedimiento de contrataciones, y la idea de únicamente contratar “gente con doctorado”, es claro que se pierde toda capacidad de intervenir en la vida laboral de los docentes para volverse medio de legitimación de los designios de un grupo político que, ante el desastre generado por la incapacidad de planeación, abundante corrupción, miopía generalizada, no tiene ya otra que socializar las perdidas para mantener la monopolización de los beneficios. La buena noticia es que ya el rector (La Jornada Zacatecas, 22/01/19) considera en aumentar las cuotas estudiantiles.
La paralización del SPAUAZ
