Con la grata elocuencia y sapiencia que caracterizó al filósofo español José Ortega y Gasset, éste, al hacer una clara distinción entre revolución y rebelión dice que: “La revolución es la insurgencia de los hombres contra los usos mientras que la rebelión es su alzamiento contra los abusos”.
De esta manera, nos queda claro que la revolución va contra los usos de fondo del sistema social. La rebelión sólo persigue suprimir los abusos de la clase en el poder, vale decir, “los actos personales de los gobernantes” como dice Rodrigo Borja en Enciclopedia de la política.
La revolución implica un “cambio histórico que opera en todas las esferas de la vida social: en la cultural, en la política, en la científico-tecnológica, en la espiritual…”La rebelión ataca los actos personales de la clase en el poder –La mafia en el poder- diría López Obrador: “sus aberraciones, sus arbitrariedades, sus deshonestidades- pero sin tocar la realidad institucional del Estado”. Op cit.
Por eso es que, López Obrador no pretende desmantelar al Poder Judicial Federal. Sí en cambio, acabar con los excesos que este poder ha hecho con el presupuesto en beneficio de su cúpula: De la Suprema Corte representada por los Ministros y los miembros del Consejo de la Judicatura. Para bien, la respuesta ha sido de entendimiento y el nuevo Presidente de la Suprema Corte ha informado sobre la decisión inteligente de bajar los sueldos de manera significativa. Ojalá así ocurra con el total de privilegios: Con el pago de gastos médicos mayores, el pago anual de prima de riesgo, el pago de servicios domésticos, el bono por el día de la madre y otros.
Porque se trata de una rebelión en contra de los abusos, es que López Obrador no pretende eliminar la autonomía de las universidades públicas ni asomarse a los planes y programas de estudio. Pero sí, como dijo en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la que se comprometió a apoyar pero… y arremetió: “el agua clara y el chocolate espeso”. La UAZ deberá transparentar su gasto y corregir los abusos en que ha caído.
Deberá: Comenzar por disminuir los sueldos de los funcionarios de la Administración Central y de los directores. El Rector no podrá ganar más de 250 mil pesos mensuales como ahora ocurre, ni asignarse una prima de antigüedad de 25% anual sobre esa base salarial. Su base salarial debe corresponder a la de cualquier maestro de tiempo completo. Hoy el Rector recibe cada año, independiente del salario, arriba de 500 mil por concepto de prima de antigüedad. Es el abuso que combate el Presidente de la República.
Los ex rectores deberán sujetarse al pago de una prima de antigüedad igual, sobre la base del maestro en activo. Hoy, como el rector, reciben arriba de 500 mil pesos anuales por ese concepto, al calcular el 25% sobre la base del sueldo que recibían cuando eran rectores. Mayor absurdo: Para efectos de prestaciones ¡los ex rectores cobran como si fuesen rectores! (Excepto dos de ellos donde la dignidad le gano al agandalle).
Los directores no pueden seguir haciendo negocio con cargo a obligaciones académicas de los alumnos. ¿Cuál es el estado contable de los llamados “cursos de titulación” por los que se cobra arriba de dos mil pesos por alumno, a razón hasta de cuatrocientos alumnos en escuelas como Derecho?
Y, quienes “vendieron” sus prestaciones hace años, no podrán seguir “cobrándolas” como lo siguen haciendo. Lo vendido y pagado extingue la obligación eso todo mundo lo sabe.
Las áreas de prestación de servicios, de compras y de infraestructura deberán ser auditadas. Se han dado casos de enriquecimiento inexplicable de quienes fueron titulares de algunas.
Porque se trata de una rebelión es que el Presidente de la República trata de eliminar a los llamados “intermediarios”. Sedicentes “líderes sociales” que cobran su cuota por representar a los campesinos y sectores populares frente a las instancias de gobierno. El Presidente entregará sus recursos de apoyo directamente a la gente, no a los líderes “de antorcha universal” ni otros.
Porque los treinta millones que votamos por una rebelión con López Obrador, es que el gobierno del Estado deberá auditar al ISSSTEZAC, que se ha constituido en caja chica de gobernantes y ha enriquecido a varios titulares. De ahí la crisis que padece esta institución saqueada como Pemex. Es cosa de buscarle y encontrarán el fondo de la substracción en perjuicio de los trabajadores de gobierno.
Porque la rebelión de la esperanza va a fondo es que la Legislatura del Estado deberá cancelar, de una vez por todas, su abuso con las llamadas herramientas legislativas, que ni son herramientas ni son legislativas. Es un bono de 200 mil pesos no justificable auto-asignado para completar un ingreso diario de ¡$13,500 pesos!
Debe la Legislatura del estado adicionar la Constitución local, a fin de que sean suprimidos definitivamente en el sector público los llamados bonos, que son origen de saqueo, salarios diferenciados, privilegios y corrupción.
Sólo así empezará en Zacatecas la “Rebelión de la esperanza”… ■
