Es evidente que el problema de seguridad es el tema de mayor preocupación de la población mexicana. Todos los indicadores se han desbordado, aun cuando hay diferencia en las fuentes, todas coinciden en que la situación es intolerable. Desde el homicidio doloso, el secuestro, el robo en domicilio y todos los demás delitos del fuero común están en rojo intenso. Las instituciones han sido incapaces de detener el proceso de descomposición social que provoca que jóvenes se incorporen a las bandas delictivas y/o a las organizaciones del crimen organizado. El Ejército ha incursionado en tareas de seguridad con resultados opacos y negativos. Las organizaciones criminales fueron atacadas y se reprodujeron como Gremlins. Un dato esencial es constatar que el cartel más violento y sanguinario (los zetas) fue conformado por militares de élite. Y las defensas del cartel enemigo de estos, el pacífico, también fue conformado por militares. En general, todo el cuerpo de fuego del narcotráfico se militarizó. La corrupción penetró a los altos mandos de la policía federal, lo que fue la AFI, y el propio ejército: el poder corruptor del dinero del narco ha sido imparable.
La apuesta del nuevo gobierno es una fuerza de contención no sólo contra el narcotráfico, sino de toda la seguridad pública, que reunirá a 35 mil policías militares, 8 mil marinos y otros tantos policías federales, además de 50 mil nuevos reclutas que se incorporarán directamente al organismo llamado Guardia Nacional (GN), reforma que ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados federal. Todos ellos serán capacitados para cumplir debidamente sus funciones de seguridad pública. Además, apuesta a una visión sistémica que genere oportunidade dignas para alejar a los jóvenes de la tentación de incorporarse a los grupos delictivos y la limpieza de corrupción de las instituciones. Pero todo el plan es, claro está, una apuesta. Según el presidente López Obrador la propuesta de la nueva corporación fue resultado de una valoración entre inconvenientes, pues se encontró con altos niveles de inseguridad y una gran debilidad de la policía federal (PF), de manera que la opción del retiro inmediato del ejército de las tareas de seguridad y depender del rescate y fortalecimiento de la PF tuvo que descartarse, para optar por crear una nueva corporación (GN) cuyo éxito dependerá de la capacidad transformadora de la capacitación de sus elementos, para que los militares se conviertan en verdaderos policías.
Evidentemente, es muy alto el riesgo inmanente en la actuación militar en el ámbito de la vida civil. Pero el criterio de verdad, como en otras cosas, será la experiencia. En enero de 2020 podremos tener elementos ciertos para evaluar esta iniciativa que, de ser errónea, necesitará los mismos 360 votos de la Cámara de Diputados para modificarla. En un año, ya no tendremos sólo hipótesis o argumentos, sino hechos concretos e inconcusos para ratificar su continuidad o proponer su reversa. La mirada sobre la acción de la Guardia será milimétrica. Con actitud objetiva estaremos alertas a los resultados.
