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viernes, 29 marzo, 2024
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En un país como México, con 98% de impunidad, “no se puede hablar de Estado de Derecho”: Velasco

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Presenta informe magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa

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■ Dice que es obligación del TJA y de todos los que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) el lograr una coordinación eficiente

 

En un país como México, con un 98 por ciento de impunidad, “no se puede hablar de Estado de Derecho”, aseguró la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Raquel Velasco, por lo que hizo hincapié en la obligación que tienen desde este órgano y de todos los que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de lograr una coordinación eficiente.

Al rendir su primer informe de actividades, sostuvo que esta integración es indispensable para combatir tanto la impunidad como la corrupción, ya que estos dos problemas existen porque “ha habido una fragmentación deliberada de las instituciones y leyes que se han ocupado del tema”.

En su discurso, recordó que el TJA, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nació el 19 de julio de 2017, pero fue hasta el 2 de enero de 2018 cuando quedó formalmente instalado con los tres magistrados que lo conforman.

Este cambio, enmarcado en el proceso de modificaciones legislativas que dieron lugar al sistema anticorrupción, provocó que se modificara la estructura interna del Tribunal y se multiplicaran los asuntos de su competencia.

Además, explicó que de ser un órgano dependiente del Poder Judicial del estado pasó a tener autonomía constitucional, con lo que se adquirió un “alto compromiso social para desempeñar las funciones en el marco de una justicia abierta y de gobernanza judicial para tener órgano de excelencia”.

Bajo estos principios, señaló que se llevaron a cabo durante 2018 un total de 24 sesiones ordinarias en el pleno del Tribunal, así como 9 extraordinarias. Fue en la primera sesión, que tuvo carácter extraordinario, donde los otros dos magistrados Uriel Márquez Cristerna y Gabriel Sandoval Lara, eligieron a Raquel Velasco como magistrada presidente.

Son competencia del TJA los problemas que surjan en el ámbito de las pensiones, las licencias y servicios, las responsabilidades administrativas graves, los servicios públicos, las bajas de policías, el uso del espacio público, los créditos fiscales y las infracciones administrativas.

Tras hacer esta enumeración, la magistrada presidente apuntó que “la mayoría están directamente relacionados con la vida cotidiana de las personas” y de ahí deriva la importancia social de este órgano colegiado.

“Nuestra tarea es ponderar el reclamo ciudadano y la defensa que hacen las autoridades de la validez de sus actos y, en el nuevo escenario, también atiende la imputación que abran las autoridades de las faltas administrativas graves, que tienen que ver con hechos de corrupción”.

Precisamente sobre este último tema de responsabilidades administrativas graves, relacionadas con corrupción, expuso que apenas empezaron a finales de 2018 empezaron a recibir los primeros asuntos y hasta el momento se han ingresado al tribunal nueve casos que han sido enviados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En total, apunto, se atendieron 581 demandas, mientras que hubo 78 recursos promovidos en contra de las resoluciones y siete quejas por el incumplimiento de las sentencias.

No obstante, precisó que en la mayoría de los casos “las autoridades demandadas han dado cumplimiento puntual de forma voluntaria a nuestras resoluciones, es decir, sin que sea necesario ir a una ejecución forzosa” que significa que se resisten a cumplir con el mandato del tribunal.

Velasco Macías agregó que se emitieron 742 sentencias, abatiendo incluso el rezago que se arrastraba del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano del que quedaban pendientes casos que databan hasta de 10 años atrás.

La importancia de dar resultados, con sentencias que cubran o incluso superen las expectativas que se tienen a la hora de iniciar un proceso ante el TJA, radica en que “es bien sabido que a veces los beneficios de la corrupción exceden las penas y, si las sanciones no se aplican, se producen incentivos perversos porque las personas seguirán diciendo que no pasa nada”.

Antes de terminar su intervención, le solicitó al gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien acudió al evento realizado en el auditorio del Palacio de Justicia, que se le pueda dotar al tribunal de un terreno para construir unas instalaciones propias. El mandatario estatal respondió que “buscaremos la manera” de cumplir con esta petición.

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