El tema del huachicoleo comenzó a tomar relevancia en los medios de comunicación en los últimos días a partir de que se descubrieron las enormes proporciones de un negocio ilegal que, a todas luces, beneficia a miles de oportunistas y ha estado apoyado durante varios años en una maraña política del más alto nivel. No obstante, el fenómeno llamó decididamente la atención de la gente una vez que se le asoció con el desabasto de gasolina que presuntamente afecta a diversos estados de la República Mexicana, es decir, gran parte de la población únicamente le dio seguimiento al tema una vez que se intuyó afectada por el desabasto de combustible.
Lo primero que hay que hacer notar es que la importancia que buena parte de los ciudadanos le da al tema ha dependido de qué tanto afecta sus bolsillos en lo inmediato, y no de que se ha realizado uno de los mayores desfalcos de uno de los bienes más preciados para México: su petróleo. El fenómeno recuerda las apreciaciones de Michel Misse, quien sostiene que las actividades criminales pueden ser mucho más aceptadas por la población en caso de que la beneficie directamente. Dicha aceptación incluso puede conducir a una mayor tolerancia de las autoridades hacia esas actividades, en razón de que llegan a gozar de una “legitimidad” no oficial al ser tan requeridas por la sociedad.
En el ámbito de ese argumento caben escenas tan cotidianas como la compra de piratería en puestos improvisados o los tiraderos de basura clandestinos, prácticas estas que terminan por generar afectaciones a largo plazo, pero que en lo inmediato producen un beneficio a quien se aprovecha de la situación, pues ¿qué tanto es tantito?
En el caso del huachicoleo esa afectación ha sido de cerca de 60 mil millones de pesos de combustibles al año, según el Gobierno Federal actual, y se ha dado gracias a una complicidad operativa al más alto nivel. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), campeones mundiales en convertir sus culpas y responsabilidades en capital político, han emitido múltiples comunicados acusando al gobierno lopezobradorista de propiciar el peor de los escenarios bíblicos con el desabasto de gasolina, y en especial han hecho énfasis en que el desabasto es una medida política de Obrador para perjudicarlos, pues el desabasto está, según ellos, justamente en los estados que son gobernados por la oposición.
Es verdad que hay desabasto en algunas de las entidades donde gobiernan PRI y PAN, pero no es generalizado. Como muestra está Zacatecas, que con un gobierno estatal priísta no ha padecido el desabasto, aunque no queda exento del mismo. Lo que sí es digno de reflexión es que esa radiografía política que presenta sobre todo el PAN, sí es congruente con el robo de combustible. Es decir, es justo en sus entidades donde las autoridades han sido más omisas en detener dicho ilícito.
De igual forma su desmemoria es muy conveniente, pues evitan admitir que desde hace años la prensa -en este caso El Universal- ha advertido de la vigencia del negocio del huachicoleo. Por ejemplo, para 2017, el sector del transporte de carga señaló que hasta la tercera parte de sus unidades (cerca de 180 mil vehículos) operaba con diesel hurtado. Para ese mismo año el robo de carga y de vehículos de ese sector se incrementó hasta en 60 por ciento, y uno de los lugares en los que ello ocurrió fue justamente Puebla, uno de los bastiones panistas en los últimos años, y donde el matrimonio Moreno Valle sigue siendo “explotado” políticamente por el propio Acción Nacional, al tratar de dignificarlo por todos los medios, pero evitando asumir su responsabilidad en delitos como el del huachicoleo.
El robo de combustible es un problema de grandes dimensiones en el cual todos debiéramos poner atención no sólo porque se trate de un ilícito o por simple conveniencia, sino porque es uno de los tantos “nudos” de corruptela que hay que deshacer, y los cuales seguramente en su mayoría implicarán a criminales de bajo rango, pero también a funcionarios de alto rango e incluso a cotos de poder en diversos partidos políticos. Por lo pronto, esa implicación ya alcanza a militares, alcaldes (como el de Tlaxcoapan, Hidalgo, y panista, por cierto) o hasta al jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, el cual ya es investigado por su relación con el huachicoleo. Frente a este panorama de porqueriza político-criminal, el costo de padecer un desabasto pasajero parece un costo muy bajo a pagar si podemos librarnos de esa porqueriza. ■
